La paciencia se ha agotado. Policías nacionales y guardias civiles han llevado su indignación hasta la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde representantes de nueve organizaciones sindicales y profesionales protagonizaron este martes un encierro pacífico que terminó de madrugada con la intervención de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional.

Los agentes se encerraron después de dar por fracasada la negociación con el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para conseguir el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo y unas condiciones de jubilación equiparables a las de otras policías. La protesta, inédita por su alcance y por desarrollarse dentro de la propia sede de Interior, refleja el profundo malestar de dos colectivos que consideran que el Gobierno les ha hecho perder el tiempo con compromisos que no han terminado de materializarse.

El desenlace dejó una imagen difícil de ignorar: policías nacionales tuvieron que intervenir para poner fin a la protesta de representantes de sus propios compañeros, que reclamaban precisamente mejoras en sus derechos laborales y profesionales. Finalmente, los dieciséis encerrados abandonaron el edificio por su propio pie, sin que la UPR tuviera que emplear la fuerza ni practicar detenciones.

Ocho horas de encierro y una negociación rota

El encierro comenzó alrededor de las seis de la tarde del martes 27 de octubre, después de una reunión con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, que los representantes sindicales consideraron insuficiente para desbloquear sus reivindicaciones. Según las organizaciones convocantes, llevaban meses negociando y esperaban que el encuentro permitiera avanzar hacia un acuerdo concreto.

La respuesta que recibieron, según su versión, fue que la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre impedía continuar avanzando en ese momento. La explicación provocó la ruptura de las conversaciones y precipitó una decisión excepcional: permanecer en las dependencias ministeriales hasta obtener una solución real.

«Llevamos casi un año de reuniones y promesas; necesitamos compromisos concretos y soluciones», habían advertido las organizaciones en su convocatoria. No reclamaban únicamente nuevas conversaciones, sino garantías para que la mejora de sus condiciones de jubilación no quedara a merced de los próximos cálculos políticos ni de la formación del siguiente Gobierno.

El malestar resulta comprensible desde la perspectiva de los representantes de los agentes: si la Administración había abierto una mesa técnica para estudiar la mejora de las pensiones y durante meses se habían abordado posibles avances, la convocatoria electoral no elimina la necesidad de dar una respuesta clara a una reivindicación histórica.

La UPR, obligada a intervenir ante sus propios compañeros

La llegada de efectivos de la UPR a la Secretaría de Estado elevó la tensión de una protesta que los convocantes insistieron en mantener de manera pacífica. Durante el encierro, los representantes denunciaron presiones para que abandonaran las instalaciones, así como advertencias sobre las posibles consecuencias legales de permanecer en el edificio.

Según las declaraciones de los participantes recogidas tras su salida, también denunciaron dificultades para recibir agua y comida durante el encierro. Estas acusaciones forman parte de la versión de los representantes sindicales y no deben confundirse con hechos acreditados mediante una resolución oficial.

Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, criticó duramente el desenlace y lamentó que se recurriera a efectivos de la UPR para poner fin a la protesta. Los encerrados decidieron salir de forma pacífica, explicó, para evitar colocar a sus compañeros en una situación comprometida y no ofrecer imágenes que pudieran perjudicar su reivindicación.

La intervención no se tradujo en detenciones ni en el uso de la fuerza. Sin embargo, el episodio dejó patente la fractura entre los representantes de los trabajadores y una Administración a la que acusan de cerrar la puerta al diálogo cuando esperaban avances decisivos.

Marlaska y Aina Calvo, en el centro de las críticas

Las críticas de los participantes apuntaron directamente al ministro del Interior y a la secretaria de Estado de Seguridad. Rivero sostuvo que los representantes se habían sentido ninguneados y responsabilizó a la dirección política del departamento del fracaso de la negociación y de la decisión de poner fin al encierro.

El dirigente de JUPOL calificó de «ignominia» que se desalojara a representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que reclamaban mejoras laborales, y defendió que ambos cuerpos deben disfrutar de condiciones de jubilación equiparables a las de las policías autonómicas y locales.

El mensaje que trasladaron los manifestantes fue inequívoco: no están dispuestos a renunciar a una reivindicación que consideran vinculada al reconocimiento efectivo de la peligrosidad de su trabajo. La protesta exterior estuvo acompañada de gritos de «¡Marlaska, dimisión!», mientras compañeros de ambos cuerpos acudían para respaldar a los encerrados.

El conflicto deja a Interior ante una contradicción difícil de resolver con declaraciones genéricas: el departamento reconoce la singularidad de la actividad policial, pero no ha cerrado un acuerdo que satisfaga a las organizaciones que exigen traducir ese reconocimiento en derechos concretos.

La reivindicación: misma peligrosidad, mismos derechos

El núcleo del conflicto es el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo a efectos de jubilación, con mejoras que permitan equiparar sus condiciones a las de otros cuerpos policiales. Para los sindicatos y asociaciones, no basta con reconocer que su actividad es peligrosa, penosa o insalubre: ese reconocimiento debe tener consecuencias reales en la edad de retiro y en la cuantía de las pensiones.

En las negociaciones se habían estudiado alternativas para mejorar la jubilación anticipada, tanto en el Régimen General de la Seguridad Social como en el régimen de Clases Pasivas. Entre las propuestas discutidas figuraba elevar a unos 39.000 euros anuales la referencia de pensión para determinados grupos profesionales. Sin embargo, las organizaciones mantienen que no existe un acuerdo definitivo que garantice esas mejoras.

La diferencia no es menor. Los agentes afrontan situaciones de riesgo, turnos exigentes y un desgaste profesional que, según sus representantes, debe reflejarse en sus condiciones de retiro. La igualdad que reclaman no consiste en un privilegio, sino en evitar que dos cuerpos estatales queden en desventaja frente a otros policías que ya cuentan con mejores condiciones.

Nueve organizaciones mantienen la presión

La protesta contó con representantes de JUPOL, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP), junto con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil AUGC, JUCIL, AEGC, ASES-GC, Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asociación Profesional de Policías (APP) y la Asociación de Cabos de la Guardia Civil.

Las organizaciones han advertido de que abandonar el edificio no significa renunciar a sus exigencias. La salida pacífica se adoptó para evitar un enfrentamiento con los propios compañeros de la UPR, no porque consideren resuelto el conflicto.

Interior, por su parte, sostiene que la convocatoria electoral impide continuar por ahora con la negociación y asegura que mantiene su disposición a retomar el diálogo en la próxima legislatura. El departamento recuerda que la mesa técnica se constituyó el 29 de abril y que se celebraron seis reuniones.

Pero esa explicación no satisface a los representantes, que reclaman compromisos verificables y una solución que no quede aplazada indefinidamente. La convocatoria de elecciones puede condicionar los tiempos políticos, pero no elimina el problema laboral ni responde a la exigencia de igualdad entre cuerpos policiales.

La imagen de los representantes saliendo de la Secretaría de Estado entre aplausos y gritos de apoyo resume el alcance de la protesta. Policías y guardias civiles han llegado al límite de su paciencia y han decidido hacer visible su hartazgo ante el ministro del Interior. Ahora corresponde al Gobierno aclarar si está dispuesto a convertir las promesas en medidas concretas o si pretende dejar una reivindicación histórica pendiente hasta la próxima legislatura.

La reivindicación de fondo sigue intacta: una profesión de riesgo debe tener un reconocimiento efectivo y una jubilación digna. Los agentes no piden aplausos, sino derechos.