La investigación de la Audiencia Nacional sobre la invasión a Ceuta los días 30 y 31 de julio da un nuevo paso. La magistrada María Tardón ha solicitado al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos e informes relacionados con aquellos acontecimientos y ha fijado un plazo de 15 días naturales para que el Gobierno responda a su petición.

La iniciativa busca acceder a información que permanece bajo clasificación oficial y que la jueza considera esencial para reconstruir cómo se preparó la entrada masiva, qué información manejaban las autoridades españolas y marroquíes y qué actuaciones se llevaron a cabo antes y durante la crisis fronteriza.

En su resolución, Tardón sostiene que la documentación solicitada es necesaria para esclarecer los hechos investigados y determinar las posibles responsabilidades. La magistrada considera que el acceso judicial a esos datos resulta imprescindible para conocer la secuencia de decisiones y omisiones que rodearon los acontecimientos.

Todos los informes del CNI sobre Marruecos

La petición incluye las notas e informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y difundidos a las autoridades desde el 30 de julio, relacionados con los sucesos de finales de ese mes. La jueza reclama, en particular, los documentos clasificados relativos a la actuación de las autoridades marroquíes, incluidos los que se hayan elaborado con posterioridad a la entrada masiva.

Tardón también solicita una relación detallada de los responsables que recibieron las notas del 27 y el 30 de julio que ya fueron desclasificadas, así como de cualquier otra comunicación remitida después de esas fechas. No basta con conocer el contenido de los informes: la magistrada quiere que se indiquen la fecha y la hora de cada envío y que se certifique que sus destinatarios los recibieron efectivamente.

Esta exigencia sitúa el foco en la cadena de comunicación de las alertas. La investigación pretende comprobar qué información llegó a cada organismo y responsable político, en qué momento estuvo disponible y si dio lugar a decisiones concretas antes de que se produjera la entrada masiva. 

La alerta previa y las decisiones que se adoptaron

La petición judicial es de especiall relevancia después de que documentos desclasificados anteriormente recogieran avisos sobre posibles intentos coordinados de entrada por mar y por la valla. Según la documentación difundida en septiembre, el CNI advirtió el 29 de julio de la existencia de llamamientos en redes sociales para intentar acceder a Ceuta durante la Fiesta del Trono de Marruecos, cuya celebración coincidía con el inicio de los acontecimientos.

Los informes publicados también describieron las medidas adoptadas por Marruecos y la respuesta desplegada en la frontera cuando comenzaron las entradas. Sin embargo, la nueva solicitud pretende ir más allá de la información ya conocida y obtener el conjunto de documentos clasificados que permitan completar la reconstrucción de los hechos.

La magistrada quiere establecer qué autoridades conocían la convocatoria prevista para el 30 de julio y qué decisiones adoptaron —o dejaron de adoptar— a partir de los datos disponibles. También pretende esclarecer la actuación de las autoridades marroquíes, una de las líneas centrales de la investigación.

Tardón cuestiona que el secreto impida investigar

Uno de los aspectos más significativos de la resolución es el razonamiento con el que la jueza defiende la necesidad de acceder a los documentos. Tardón sostiene que la información solicitada mantiene una relación directa y relevante con los hechos investigados y que no existen otras fuentes alternativas que permitan obtener el mismo resultado probatorio.

La magistrada considera que la clasificación como materia secreta o reservada no constituye un impedimento jurídico absoluto para que un órgano judicial promueva su desclasificación cuando sea necesaria para investigar posibles delitos. En este caso, argumenta que la documentación resulta indispensable para el esclarecimiento de lo sucedido y para el ejercicio efectivo de la función jurisdiccional.

El auto añade que la información es relevante para determinar qué autoridades conocían los preparativos de la entrada masiva, qué respuesta dieron a las alertas y cuál fue la actuación de Marruecos. La jueza sostiene que el deber de colaboración con la Justicia adquiere especial importancia cuando los documentos solicitados son necesarios para averiguar la verdad de los hechos.

Una investigación que busca reconstruir la cadena de avisos

La nueva iniciativa se suma a otras diligencias acordadas por Tardón para reunir informes de inteligencia, comunicaciones institucionales, grabaciones y documentación sobre las reuniones celebradas en los días previos a la entrada masiva. La magistrada también ha solicitado información a distintos organismos y administraciones para contrastar las versiones de los testigos.

En las últimas comparecencias, responsables de la Ciudad de Ceuta han afirmado que trasladaron advertencias al Gobierno central antes del 30 de julio. Los mandos policiales, por su parte, han declarado sobre la actuación observada en el lado marroquí y las decisiones operativas adoptadas durante la llegada masiva.

La documentación que ahora reclama la jueza podría permitir contrastar esos testimonios con las comunicaciones oficiales y precisar qué información estaba disponible en cada nivel institucional. La petición no implica que se haya acreditado una responsabilidad penal de las autoridades señaladas: esa valoración corresponde a la investigación judicial.

El Gobierno deberá decidir sobre la desclasificación dentro del plazo fijado por la magistrada. El contenido de los documentos que finalmente se hagan públicos, y el acceso que pueda obtener la Audiencia Nacional al resto de la información, serán determinantes para avanzar en el esclarecimiento de los acontecimientos de finales de julio.