La investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva desde Marruecos de los días 30 y 31 de julio ha incorporado este martes la versión de tres responsables del Gobierno de Ceuta que intervinieron directamente en la gestión de aquella crisis. Alberto Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez han comparecido como testigos ante la magistrada María Tardón, con relatos centrados en las advertencias previas, la respuesta de las administraciones y las consecuencias que soportó la ciudad.

Las declaraciones dibujan un escenario de presión total antes de la entrada masiva, dificultades para contener sus efectos y una actuación de las fuerzas marroquíes que los consejeros describieron como pasiva.

La ciudad sostiene que advirtió antes de la crisis

Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, expuso las gestiones realizadas por el Ejecutivo local en los días previos. Según las informaciones conocidas, Ceuta planteó a la Secretaría de Estado de Seguridad la posibilidad de instalar una barrera de boyas en el mar para disuadir las entradas. La propuesta no salió adelante porque, según se trasladó a la Ciudad, podía generar situaciones de peligro si algunas personas quedaban atrapadas en el agua.

El consejero también se refirió al aumento de las llegadas y a las comunicaciones mantenidas con responsables de Interior. En particular, explicó que el 26 de julio volvió a advertir de la evolución de la situación. La versión trasladada por el Gobierno ceutí coincide en lo esencial con la que ya había expuesto el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, cuando declaró ante la jueza: Ceuta alertó de la gravedad del escenario y considera que la respuesta estatal fue insuficiente.

La documentación de esas comunicaciones adquiere especial importancia en una causa en la que la magistrada pretende precisar qué información manejaba cada institución antes de los acontecimientos y qué decisiones se adoptaron a partir de ella. 

Los servicios públicos, bajo una presión extraordinaria

Gaitán aportó cifras sobre las consecuencias que la crisis tuvo para el funcionamiento de la ciudad. Entre el 30 de julio y el 11 de octubre se registraron más de 12.000 avisos al teléfono de emergencias 112, casi un 400 % por encima de la referencia habitual citada en su declaración. El consejero también recordó la presión que soportaba el sistema de acogida, con más de 3.500 menores bajo atención de la Ciudad.

El Ejecutivo local ha remitido a la Audiencia Nacional un informe que calcula en 45 millones de euros los costes extraordinarios relacionados con la invasión. La estimación incluye gastos vinculados, entre otras cuestiones, al refuerzo de la seguridad y a los servicios de limpieza.

La cifra permite dimensionar el impacto económico que la Ciudad atribuye a aquellos acontecimientos, aunque su alcance y desglose deberán analizarse a partir de la documentación incorporada al procedimiento. 

Benzina expone las dificultades para gestionar los fallecimientos

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, relató las dificultades que afrontó la Administración local para responder a las consecuencias humanas de la entrada masiva. Según las informaciones difundidas tras su declaración, explicó que las instalaciones disponibles para albergar cadáveres resultaron claramente insuficientes y que Marruecos no aceptó hacerse cargo de los fallecidos.

Benzina también se refirió a sus visitas a la frontera durante aquellas jornadas y a una conversación mantenida con el entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano. Su testimonio aporta la perspectiva de los servicios municipales que tuvieron que intervenir cuando la llegada de personas y las consecuencias de la crisis superaron la capacidad ordinaria de respuesta.

La declaración sitúa la gestión de los fallecimientos entre los aspectos más delicados de aquellos días, junto con la presión asistencial y la necesidad de coordinar a las distintas administraciones. 

Ramírez cuestiona la actuación de los agentes marroquíes

Alejandro Ramírez, vicepresidente primero de la Ciudad y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, describió una entrada que, a su juicio, presentaba indicios de organización y no parecía responder únicamente a decisiones individuales espontáneas.

Según las fuentes jurídicas consultadas, Ramírez relató haber observado comportamientos pasivos de agentes marroquíes y también a un uniformado que dirigía a personas hacia el paso fronterizo. Su testimonio se suma al de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que declararon el lunes y que describieron la presencia de embarcaciones marroquíes y la actuación de agentes del país vecino.

Se trata de observaciones aportadas por los testigos, no de hechos que hayan quedado acreditados definitivamente por una resolución judicial. La magistrada deberá contrastarlas con las grabaciones, los informes y las restantes diligencias de la causa. 

Tardón busca determinar quién sabía qué y cuándo

La ronda de declaraciones responde a la necesidad de reconstruir la secuencia de la crisis desde distintos niveles de responsabilidad. La jueza trata de esclarecer qué señales se detectaron en Marruecos, qué información llegó a las autoridades españolas, cómo se transmitieron las alertas y qué medios se desplegaron cuando comenzó la entrada masiva.

Las comparecencias de los tres consejeros añaden la versión del Gobierno ceutí a los testimonios ya prestados por el presidente de la Ciudad y por responsables policiales. La documentación requerida a las administraciones deberá permitir comprobar las comunicaciones previas y evaluar la respuesta institucional.

La instrucción continúa abierta y será el análisis conjunto de los testimonios y de las pruebas documentales y audiovisuales el que permita establecer las circunstancias de los hechos y las posibles responsabilidades.