Tres meses después de la invasión  de finales de julio, Ceuta continúa afrontando las consecuencias de una crisis migratoria cuya dimensión real sigue siendo objeto de discrepancia entre las estimaciones sobre el terreno y las cifras oficiales. Mientras el Gobierno de la Nación asegura haber contabilizado más de 12.700 retornos a Marruecos desde el 10 de agosto, fuentes policiales consultadas sitúan por encima de los 12.000 el número de adultos que todavía permanecerían en la ciudad, a los que habría que añadir miles de menores extranjeros no acompañados.

Las estimaciones policiales apuntan a que el volumen de población inmigrante que permanece en Ceuta podría superar las 16.000 personas si se suman los adultos y los menores. Se trata, no obstante, de un cálculo orientativo policial entre los acogidos en los recursos habilitados y las estimaciones de los que vagan por las calles de la ciudad.

El problema no se limita a los inmigrantes alojados en los recursos provisionales habilitados durante la emergencia. A ellos se añade un número indeterminado de personas que continúa disperso por distintos puntos de la ciudad, en barriadas periféricas, montes, vaguadas, viviendas utilizadas como pisos patera y otros espacios donde resulta más difícil localizar e identificar a sus ocupantes.

Más de 7.400 plazas de acogida y miles de personas fuera de los dispositivos

El Estado dispone actualmente de 7.477 plazas habilitadas en recursos temporales de atención humanitaria, según los datos difundidos por el Gobierno el pasado 20 de octubre. La cifra refleja la capacidad disponible en la red de acogida, pero no equivale al número de personas que se encuentran alojadas en ella.

En estos dispositivos trabajan distintas entidades y organizaciones encargadas de prestar asistencia humanitaria, alojamiento y atención básica, con financiación pública en los programas correspondientes. El mantenimiento de esta red supone un esfuerzo económico continuado para las administraciones, al que se suma la necesidad de atender a quienes permanecen fuera de los centros.

Entre los espacios utilizados durante la emergencia figuran el campamento del puerto, las instalaciones habilitadas en Loma Margarita y Loma Colmenar, otros dispositivos temporales y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). El CATE de El Tarajal desempeña, por su parte, funciones de identificación, triaje y estancia temporal vinculadas a los procedimientos de extranjería.

La ocupación efectiva de cada instalación y el gasto diario total no están desglosados en las cifras generales difundidas por el Ejecutivo, por lo que no es posible establecer con rigor un coste diario global a partir de las plazas habilitadas, pero el coste económico es muy elevado.

Huerta Molino, Pasaje Recreo, falda del Hacho y periferia, entre los puntos señalados

Fuera de los recursos oficiales, la situación presenta una mayor complejidad. Según las fuentes de seguridad consultadas, todavía habría adultos marroquíes que pernoctan o se refugian en distintos enclaves urbanos y naturales, al margen de los circuitos de acogida.

Entre las zonas señaladas figuran Huerta Molino, Pasaje Recreo, Sarchal y la falda del monte Hacho, además de barrios de la periferia, vaguadas, montes y viviendas ocupadas por varias personas. La dispersión dificulta conocer el número exacto de personas que permanecen en estos lugares y comprobar su situación administrativa.

Los operativos policiales han continuado con actuaciones para localizar a los inmigrantes, proceder a su identificación y trasladar a los adultos a los dispositivos habilitados para los trámites correspondientes. 

Las fuentes policiales sostienen que el trabajo de identificación continúa siendo una de las principales dificultades para dimensionar el fenómeno. La localización de personas fuera de los dispositivos, su filiación y la tramitación individual de los expedientes condicionan el ritmo de las actuaciones.

Más de 3.300 menores atendidos y una estimación que superaría los 4.000

A la población adulta hay que sumar la situación de los menores extranjeros no acompañados. El Gobierno informó el 20 de octubre de que 3.331 menores estaban atendidos en el sistema de protección de la Ciudad Autónoma, una cifra que evidencia la presión que soportan los servicios públicos ceutíes. 

Sin embargo, fuentes de seguridad estiman que el número total de menores marroquíes presentes en la ciudad podría superar los 4.000, al considerar que todavía habría jóvenes pendientes de identificación y filiación que permanecen en las calles o fuera de los recursos de protección.

La atención a estos menores corresponde a la Ciudad Autónoma, con apoyo financiero del Estado. La dimensión del colectivo añade presión sobre los recursos de alojamiento, asistencia social, educación y atención sanitaria, además de exigir procedimientos específicos para determinar la edad y la situación de cada joven.

Los retornos oficiales no despejan la incógnita sobre cuántos siguen en Ceuta

El Gobierno comunicó el pasado 20 de octubre que 12.705 personas habían regresado a Marruecos desde el 10 de agosto. Lo hicieron voluntariamente porque aún no hay devoluciónes administrativas, sí judiciales por numerosos delitos cometidos por inmigrantes en estos tres meses de padecimiento al que se encuentra sometida Ceuta.

Por otro lado, la diferencia entre la población alojada en los recursos y la que continúa dispersa constituye, por tanto, uno de los principales interrogantes de la crisis. Sin un recuento actualizado y desglosado por situación administrativa, edad y lugar de residencia, las cifras generales bailan constantemente. No se sabe cuántos hay, no se saben cuàntos quedan, solo se pueden conocer estimaciones policiales.

Una crisis prolongada con consecuencias para los servicios públicos y la seguridad

La prolongación de la emergencia mantiene la presión sobre las administraciones, los servicios de asistencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ejército. A la atención humanitaria y la identificación de las personas se suman los procedimientos administrativos necesarios para tramitar retornos, devoluciones y solicitudes de protección internacional, siempre con las garantías legales correspondientes, con una lentitud pasmosa,

Tres meses después de la invasión de finales de julio, el interrogante sigue abierto: cuántas personas han abandonado realmente la ciudad, cuántas permanecen en los dispositivos de acogida y cuántas continúan fuera de ellos, dispersas por barrios, montes y viviendas. La respuesta exige un balance actualizado que permita contrastar las cifras oficiales con la situación sobre el terreno.  No hay respuesta aún, solo relato oficial interesado.