Hazte Oír celebró este jueves en Ceuta la jornada «Ceuta, primera línea de España. Los que la defienden cada día», un encuentro en el Hotel Ulises en el que se analizaron las consecuencias de las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, la respuesta del Gobierno central y los desafíos de seguridad que afronta la ciudad.

La convocatoria contó con la participación de dos ceutíes, Inmaculada García-Cosío y Francisco Javier Bohórquez, que trasladaron sus experiencias y preocupaciones sobre la situación de la ciudad. También intervinieron el analista Rubén Pulido y el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, quienes expusieron sus respectivos análisis sobre la crisis y las actuaciones judiciales relacionadas con aquellos acontecimientos.

Críticas a la gestión de la crisis

Durante su intervención, Rubén Pulido sostuvo que Ceuta continúa siendo vulnerable ante la posibilidad de que se repita un episodio similar al del pasado verano. El analista criticó la falta de medidas que, a su juicio, tengan un efecto disuasorio y consideró que la respuesta del Ejecutivo no ha sido suficiente para prevenir nuevas entradas masivas.

Pulido amplió su análisis al contexto geopolítico del Estrecho de Gibraltar y la posición estratégica de Ceuta. Asimismo, cuestionó la política del Gobierno respecto a Marruecos y planteó interrogantes sobre los motivos de la respuesta del Ejecutivo español. Estas afirmaciones forman parte de su valoración personal sobre la gestión de la crisis.

Por su parte, Javier María Pérez-Roldán trasladó un mensaje de esperanza a los ceutíes y defendió que la recuperación de la confianza pasa también por la capacidad de respuesta de la propia sociedad. El abogado señaló, además, que los procedimientos administrativos vinculados a las expulsiones migratorias son lentos y planteó la posibilidad de crear en Ceuta un juzgado especializado en extranjería para agilizar su tramitación.

Los procedimientos judiciales, también sobre la mesa

Otro de los asuntos abordados fue la situación de las actuaciones judiciales relacionadas con los acontecimientos de julio. Pérez-Roldán explicó que una de las causas, relativa a una presunta inactividad del delegado del Gobierno, había sido remitida a la Audiencia Nacional.

El representante jurídico de Hazte Oír también se refirió a la querella presentada por la asociación para que se investiguen las agresiones sufridas por militares, agentes y vecinos durante aquellos días, así como el posible suministro de sustancias y objetos que, según las informaciones recogidas en su escrito, podrían haberse utilizado en esos ataques.

En relación con la investigación sobre miembros de la ONG No Name Kitchen, la asociación había señalado previamente que desconocía si los registros y las detenciones practicados el jueves estaban vinculados a las diligencias en las que ejerce la acusación popular. La existencia de actuaciones policiales o judiciales no supone, por sí misma, que se hayan acreditado responsabilidades penales.

Una nueva visita de la asociación a Ceuta

Hazte Oír enmarcó la jornada en las actuaciones que asegura haber desarrollado desde el 30 de julio en defensa de la seguridad fronteriza y de los intereses de la ciudad. Según la propia organización, esta visita constituye la cuarta desde las entradas masivas del verano.

El encuentro concluyó con una reivindicación del papel de los vecinos en la defensa del futuro de Ceuta y con el llamamiento de los participantes a mantener la atención sobre la seguridad, la gestión migratoria y las responsabilidades institucionales derivadas de la crisis.