El Gobierno de Ceuta ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la actuación de la Administración General del Estado en la tramitación de los expedientes de los inmigrantes adultos que entraron en julio de forma irregular en la ciudad y que todavía permanecen en ella. La decisión, anunciada por el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, llega después de que la Ciudad considere insuficiente la respuesta del Ministerio de Política Territorial al requerimiento presentado en septiembre. 

El Consejo de Gobierno ceutí acordó el 16 de septiembre formular un requerimiento para instar al Estado a dictar y notificar, en el plazo de un mes, una resolución expresa sobre los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional de estas personas. El documento fue presentado el 18 de septiembre y, una vez transcurrido el plazo, el Ejecutivo local ha decidido acudir a la vía judicial al considerar que no se han aclarado cuestiones fundamentales sobre la tramitación de los expedientes ni sobre los medios destinados a resolverlos. 

La Ciudad reclama que la Administración General del Estado asigne y despliegue los recursos humanos y materiales necesarios para tramitar estos procedimientos dentro de los plazos legales. Según el Gobierno local, ninguna de las personas que entraron durante aquellas dos jornadas ha sido devuelta a Marruecos mediante un procedimiento de expulsión o devolución, por lo que distingue estas actuaciones de los retornos voluntarios y de las expulsiones practicadas por la comisión de delitos. Ramírez sostiene que la situación migratoria se ha cronificado y que Ceuta continúa lejos de recuperar la normalidad.

El Gobierno de España, por su parte, rechaza las acusaciones de inactividad y defiende las actuaciones desarrolladas desde el inicio de la crisis. El Ministerio de Política Territorial cifra en más de 12.700 las personas que han regresado a Marruecos desde el 10 de agosto y destaca la habilitación de espacios de acogida, el refuerzo de los dispositivos de seguridad y la agilización de los trámites administrativos. El Ejecutivo central sostiene que los expedientes requieren una valoración individualizada y que no procede imponer un plazo general de un mes al margen de los tiempos y garantías establecidos en la legislación aplicable.