El Gobierno de España ha desestimado el requerimiento previo presentado en septiembre por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, sobre la actuación de la Administración General del Estado (AGE) tras la invasión de julio. En su resolución, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática sostiene que no ha existido inactividad y defiende que las medidas adoptadas han permitido reducir la presión migratoria y mantener el orden público.

El Ejecutivo acredita que, desde el 10 de agosto hasta el 20 de octubre, más de 12.700 personas han retornado a Marruecos. Además, asegura que la mayoría de los inmigrantes adultos que permanecen en Ceuta se encuentran en recursos habilitados por la Administración estatal y que los asentamientos del Trampolín, Benítez y El Guano han sido completamente desalojados. Los trabajos continúan en otros espacios dispersos de zonas urbanas.

La respuesta detalla las medidas de refuerzo de la seguridad, habilitación de espacios de acogida, identificación de inmigrantes, triajes y agilización de los trámites de retorno. El documento destaca también la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional, aprobada por el Gobierno, como mecanismo de coordinación entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado.

En cuanto a los recursos de acogida, el Ministerio señala que actualmente existen más de 7.400 plazas habilitadas. La resolución también recoge las dificultades que, según el Ejecutivo, retrasaron la puesta en funcionamiento de las parcelas del puerto, pese a que formaban parte del ofrecimiento inicial de la Ciudad. El Gobierno considera que la habilitación de estos espacios y el desalojo de los grandes asentamientos han contribuido al incremento de los retornos de personas adultas.

Devoluciones complejas

Uno de los puntos centrales de la respuesta es la petición de Vivas de resolver en el plazo de un mes todos los expedientes de expulsión, devolución o retorno, así como las solicitudes de protección internacional. El Ministerio sostiene que estos procedimientos deben ajustarse a los plazos y garantías establecidos en la legislación española y europea.

La resolución argumenta que cada expediente requiere una valoración individualizada y que no procede establecer un plazo general que prevalezca sobre los fijados por la normativa. De este modo, el Ejecutivo rechaza la exigencia de resolver todos los procedimientos en el periodo solicitado por el presidente de la Ciudad.