"Mientras estén entre nosotros deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad, y con todas las garantías previstas por nuestras leyes".

 

Estas palabras de su majestad el rey Felipe VI pronunciadas durante su visita a Ceuta nos invita a reflexionar sobre una realidad incómoda: mientras unos apelan a la humanidad, otros parecen empeñados en alimentar el odio.

 

La entrada masiva de miles de inmigrantes por el espigón del Tarajal provocó una situación excepcional, con miedo, incertidumbre y graves problemas de seguridad.

 

Se produjeron agresiones contra miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se denunciaron hechos tan graves como agresiones sexuales.

 

Nada de ello debe minimizarse.

 

Las víctimas merecen justicia, los agentes merecen respaldo y los ciudadanos tienen derecho a exigir respuestas eficaces a las administraciones.

 

Pero también hubo episodios que deberían avergonzarnos como sociedad y que quedarán en la memoria de nuestra ciudad.

 

El bloqueo por parte de un grupo de ciudadanos del convoy de Cruz Roja que transportaba alimentos para los inmigrantes en la playa del Trampolín y, posteriormente, los destrozos y el incendio de los precarios asentamientos y las pertenencias de personas migrantes en las playas del Trampolín y Benítez son hechos que obligan a preguntarnos hasta dónde puede llegar la intolerancia de una minoría que no representa al conjunto de la sociedad.

 

Podemos discutir sobre inmigración, reclamar seguridad y exigir responsabilidades a las administraciones.

 

Pero ¿qué clase de reivindicación pretende impedir que llegue comida a personas necesitadas o termina destruyendo el poco refugio que tienen?

 

Defender Ceuta nunca debería significar renunciar a la decencia.

 

La violencia tampoco tuvo una sola dirección.

 

Mientras denunciamos las agresiones cometidas por algunos inmigrantes contra nuestros agentes y los demás hechos delictivos, debemos condenar igualmente las persecuciones, emboscadas y palizas sufridas por ellos.

 

La ley no puede aplicarse según quién sea la víctima o quién el agresor.

 

Lo ocurrido en Ceuta nos ha permitido ver lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. 

 

Hemos visto a personas que han tendido la mano a quienes se encontraban en una situación desesperada y a ciudadanos que han puesto en riesgo su propia tranquilidad para proteger a los más vulnerables. 

 

Pero también hemos visto comportamientos que avergüenzan: odio, racismo, violencia y aprovechamiento de la desgracia ajena.

 

Lo más doloroso es que el odio haya llegado incluso a nuestras propias familias.

 

Mi hermana y mi propio hijo han tenido que soportar insultos racistas y agresiones verbales como «mora de mierda, vete a tu país» o "fuera de aquí, invasor" en las concentraciones ciudadanas frente a la Delegación del Gobierno.

 

¿A qué país pretenden expulsarlos? 

 

¿Quién se arroga el derecho a decidir quién pertenece a esta sociedad en función de su origen, su religión o el color de su piel?

 

Son preguntas que deberían interpelarnos a todos, especialmente en una ciudad como Ceuta, cuya identidad se ha construido a través de la convivencia entre personas de diferentes culturas y confesiones religiosas.

 

Algunos actores políticos, mediáticos y sociales recurren a la palabra «invasor» para referirse al inmigrante.

 

Y conviene detenerse en el lenguaje, porque las palabras no son inocentes. 

 

Llamar «invasores» a seres humanos que llegan en circunstancias dramáticas puede convertirlos, a ojos de una parte de la sociedad, en enemigos a los que no se reconoce ni siquiera la dignidad más elemental.

 

Resulta significativo que ni su majestad el rey Felipe VI ni su santidad el papa León XIV, entre otras personalidades que han apelado a la dignidad humana, necesiten recurrir a términos como «invasión» o «invasores» para referirse a las personas migrantes. 

 

Su mensaje pone el acento en la humanidad, no en la deshumanización.

 

¿No deberíamos preguntarnos por qué algunos se empeñan precisamente en utilizar ese lenguaje?

 

Se puede defender el control de las fronteras, exigir el cumplimiento de la ley y reclamar seguridad sin convertir a todo un colectivo en enemigo. 

 

Se puede denunciar una entrada irregular sin presentar a cada inmigrante como una amenaza por el simple hecho de serlo.

 

La seguridad y la humanidad no son conceptos incompatibles.

 

Lo verdaderamente preocupante es que algunos pretendan convencernos de que, para defender nuestras fronteras, debemos renunciar a nuestros principios.

 

Y en medio de esta situación aparecen contradicciones difíciles de ignorar.

 

Resulta especialmente llamativo que personas con trayectorias presuntamente vinculadas al narcotráfico o al tráfico de seres humanos se presenten ahora como activistas sociales, altavoz en mano.

 

Quienes han hecho negocio con actividades ilícitas o con la vulnerabilidad ajena no adquieren autoridad moral por colocarse detrás de una pancarta.

 

Defender los derechos humanos es legítimo, pero esa causa no debería servir para blanquear comportamientos ni para convertir el oportunismo en compromiso social. 

 

También resulta indignante que algunos establecimientos de nuestra ciudad se hayan negado a vender una simple botella de agua a personas migrantes.

 

Sin olvidar a esas personas sin moral que han cobrado cantidades elevadas de dinero por ocultarlas hacinadas en garajes y trasteros.

 

Y hay algo más que merece denunciarse: según los testimonios sobre lo ocurrido, algunos ciudadanos llegaron incluso a cobrar dinero a los inmigrantes por cargar sus teléfonos móviles, una necesidad básica para mantener el contacto con sus familiares y saber unos de otros en medio de la incertidumbre y en un escenario con más de cien seres humanos fallecidos.

 

Pensemos por un momento en esa escena. 

 

Una persona, lejos de su familia, sin saber qué va a ser de su futuro, intenta comunicarse con sus seres queridos para hacerles saber que sigue viva y se encuentra bien. 

 

Y alguien ve en esa necesidad una oportunidad para ganar dinero.

 

¿Dónde queda entonces nuestra humanidad?

 

La solidaridad no se demuestra con discursos, sino con hechos. 

 

Y la falta de solidaridad no siempre se manifiesta mediante un insulto o una agresión: a veces adopta la forma de aprovecharse de la desesperación ajena.

 

Frente a todo ello, hubo ciudadanos ejemplares que protegieron a los más vulnerables, especialmente a mujeres y niñas. 

 

Personas que demostraron que la dignidad no depende del pasaporte ni del lugar de nacimiento.

 

También convendría reflexionar sobre determinadas actuaciones que parecen responder más a la necesidad de llamar la atención que a una voluntad real de solucionar los problemas.

 

A algunos ciudadanos se les ocurren auténticas gilipolleces con tal de conseguir protagonismo y disfrutar de su minuto de oro en televisión. 

 

En lugar de contribuir a rebajar la tensión o proponer soluciones sensatas, protagonizan escenas que terminan convirtiéndose en un espectáculo y haciendo el ridículo ante quienes las contemplan.

 

La protesta ciudadana es legítima. 

 

Reclamar seguridad, denunciar el abandono institucional y exigir que se atiendan los problemas de un barrio son derechos democráticos. 

 

Pero una cosa es protestar con argumentos y otra muy distinta convertir el sufrimiento ajeno en un escenario para alimentar el ego, buscar cámaras o conseguir notoriedad.

 

Ceuta tiene problemas reales que merecen respuestas serias. 

 

No necesita más exhibiciones, ni más actuaciones concebidas para convertirse en un espectáculo televisivo.

 

En este contexto, los vecinos afectados por los asentamientos en las playas de Benítez, el Trampolín y el Guano, que optaron por reproducir una acampada denominada «mini Trampolín» a las puertas de la Delegación del Gobierno como señal de protesta, también deberían hacer una reflexión.

 

Es comprensible que quienes viven cerca de esos asentamientos estén preocupados por la seguridad, la salubridad, la convivencia y el estado de su entorno. 

 

Sus problemas no deben ignorarse ni minimizarse. 

 

Las administraciones tienen la obligación de escucharles y ofrecer soluciones efectivas.

 

Pero esa legítima preocupación no puede justificar la deshumanización de quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

 

Se puede protestar por un asentamiento sin parodiar a las personas que malviven en él. 

 

Se puede exigir que las playas recuperen unas condiciones adecuadas sin convertir a quienes las ocupan en seres humanos sin derechos. 

 

Y se puede reclamar una respuesta institucional sin reproducir comportamientos que, en el fondo, contribuyen a profundizar el drama humanitario.

 

La dignidad de los vecinos afectados y la de las personas migrantes no tienen por qué enfrentarse. 

 

Ambas merecen respeto. 

 

La responsabilidad de las administraciones consiste, precisamente, en encontrar soluciones que protejan la convivencia, la seguridad y los derechos de todos.

 

Señalar también que la detención de un ciudadano de Ceuta por su presunta participación junto con otros diez ya identificados por la policia en el vergonzoso ataque al vehículo de la diputada de la Asamblea de Ceuta Laura Ferreras nos recuerda, además, que ninguna reivindicación justifica la violencia y que las responsabilidades deben determinarse por la vía judicial.

 

Ceuta merece seguridad, respuestas políticas eficaces y respeto para sus vecinos y sus agentes.

 

Pero también merece una convivencia libre de racismo, persecuciones y violencia.

 

No tenemos que elegir entre seguridad y humanidad: una sociedad democrática debe garantizar ambas.

 

El discurso de su majestad el rey Felipe VI debería servirnos para recordar que la grandeza de una ciudad no se mide por la dureza de sus consignas, por el volumen de sus gritos ni por el número de cámaras que consiguen atraer sus protagonistas. 

 

Se mide por su capacidad para afrontar los problemas sin perder sus principios.

 

Porque una cosa es defender Ceuta y otra muy distinta utilizar el nombre de Ceuta para justificar el odio. 

 

Una cosa es reclamar orden y seguridad y otra creer que todo está permitido cuando el destinatario de nuestra ira es alguien a quien consideramos diferente.

 

Por eso, quizá la verdadera pregunta no sea quién ha invadido Ceuta, sino qué está invadiendo nuestras conciencias.

 

Porque, mientras hablamos de una invasión de personas, corremos el riesgo de normalizar otra mucho más peligrosa: la invasión del odio, del racismo y de la indiferencia.

 

Y cuando perdemos la humanidad ante otro ser humano, empezamos a perder también aquello que decimos defender.