La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado un plazo de tres días para recibir los informes pendientes sobre la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La documentación resulta clave para avanzar en la investigación judicial y esclarecer cómo se organizó la movilización, qué información manejaban las autoridades españolas antes de los hechos y si existieron responsabilidades en la respuesta a la crisis.

La magistrada ha requerido información a 21 unidades policiales y militares implicadas, directa o indirectamente, en la vigilancia y defensa de la frontera. El objetivo es reconstruir lo sucedido y determinar quién pudo coordinar, financiar o impulsar la entrada masiva, que las estimaciones sitúan entre 75.000 y 85.000 personas.

Uno de los organismos que ya ha remitido su documentación es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Según revela  este viernes por El País, el informe entregado al juzgado apunta a que, antes de los acontecimientos, se comunicaron a distintos organismos españoles los llamamientos difundidos en redes sociales para entrar en Ceuta. También se trasladó información a los servicios de inteligencia marroquíes para que reforzaran sus dispositivos de seguridad.

Sin embargo, la documentación del CNI no incluye referencias al episodio de los buques de guerra marroquíes que, según las informaciones publicadas, entraron en aguas españolas coincidiendo con la llegada masiva. La presencia de esas embarcaciones es uno de los aspectos que la acusación popular ha pedido que se investigue.

La jueza también espera completar el análisis de los informes policiales. El documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional apuntó a la pasividad de los gendarmes marroquíes durante la jornada del 30 de julio y recogió indicios de que algunos habrían orientado a migrantes en la zona de Castillejos. Estas conclusiones forman parte de la documentación sometida a examen judicial y no constituyen, por sí solas, una atribución definitiva de responsabilidades.

Entre las diligencias pendientes figuran además imágenes terrestres, marítimas y aéreas que permitan reconstruir los movimientos en la frontera. Tardón trata de aclarar cómo se produjo una movilización de tal magnitud y qué medios materiales y financieros pudieron hacerla posible.

Por el momento, la causa continúa sin personas investigadas formalmente. La magistrada ya ha escuchado a varios testigos, entre ellos el exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas. La recepción de los informes pendientes permitirá a la instructora valorar los siguientes pasos de una investigación que busca esclarecer tanto las alertas previas como la actuación de los organismos españoles y el papel desempeñado al otro lado de la frontera.