Hay momentos en los que la política deja de ser una discusión entre partidos y se convierte en una cuestión de principios. Ceuta atraviesa uno de esos momentos. La crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio ha abierto una batalla por el relato: quién tiene derecho a representar a España, quién pertenece verdaderamente a esta ciudad y quién debe vivir permanentemente bajo sospecha.

Las declaraciones de Santiago Abascal sobre el barrio de El Príncipe, las actuaciones de determinados agitadores políticos y mediáticos y la colaboración del Gobierno de Juan Vivas en actividades con personas cuyas declaraciones sobre la población palestina han provocado una fuerte controversia merecen una reflexión profunda. No se trata de negar la gravedad de una crisis fronteriza ni de impedir el debate sobre las políticas migratorias. Se trata de recordar que ninguna crisis justifica cuestionar la españolidad, la dignidad o los derechos de ciudadanos por su religión, sus apellidos o sus orígenes familiares.

El Príncipe también es España

Cuando se afirma que el Príncipe Alfonso “era antes un barrio español”, la pregunta resulta inevitable: ¿y ahora qué es? ¿Ha dejado de ser España porque buena parte de sus vecinos sean musulmanes o tengan ascendencia distinta al resto de vecinos? Ese planteamiento sugiere que la identidad española depende de la religión o de una determinada composición social, una idea incompatible con el principio de igualdad establecido en la Constitución.

Los ciudadanos musulmanes de Ceuta no son invitados ni huéspedes. Quienes tienen la nacionalidad española son españoles en igualdad de derechos y obligaciones. Forman parte de la historia, del presente y del futuro de la ciudad. Su españolidad no necesita la autorización de ningún dirigente político.

La cuestión no es si el Príncipe pertenece a España. La cuestión es por qué determinados discursos parecen necesitar establecer diferencias entre españoles en función de su procedencia o religión. Una democracia no puede convertir la bandera en un instrumento para repartir certificados de pertenencia nacional.

La responsabilidad del Gobierno ceutí 

El Partido Popular lleva décadas gobernando Ceuta bajo la bandera de la convivencia. Esa trayectoria le impone una responsabilidad especial. No basta con pronunciar discursos institucionales sobre tolerancia: también hay que explicar las decisiones que pueden interpretarse como una legitimación de quienes contribuyen a deteriorar el clima social.

La colaboración de la Ciudad en una actividad vinculada a José Félix Ramajo ha suscitado críticas por declaraciones que se le atribuyen sobre la población palestina. La colaboración institucional no implica necesariamente compartir todas las opiniones de una persona invitada; sin embargo, cuando existen antecedentes públicos controvertidos, es legítimo exigir que se expliquen los criterios empleados para seleccionar a los participantes.

Lo mismo sucede con las relaciones institucionales con figuras que han cuestionado la integración o la españolidad de los musulmanes ceutíes. La responsabilidad de un gobierno no consiste únicamente en lo que dice, sino también en las decisiones que toma, las personas a las que concede visibilidad y los comportamientos que decide censurar o tolerar.

La convivencia no se protege con fotografías, ceremonias y declaraciones solemnes. Se protege estableciendo límites claros frente a cualquier discurso que convierta a una parte de la ciudadanía en un problema por el mero hecho de ser quien es. El PP debe explicar cómo concilia su discurso de convivencia con las decisiones que han abierto esta controversia.

PP Y VOX: Diferencias que no eliminan las preguntas

El Partido Popular y Vox son organizaciones distintas, con programas y estrategias que no siempre coinciden. Pero esa diferencia no exime al PP de examinar el efecto de sus propias decisiones ni de responder por los discursos que asume, reproduce o deja sin una respuesta institucional clara.

El problema aparece cuando la competición electoral mezcla inmigración, religión e identidad nacional hasta extender una sospecha generalizada sobre ciudadanos que no tienen responsabilidad alguna en la entrada irregular de otras personas. Si el PP pretende presentarse como una garantía de moderación y convivencia, debe demostrarlo cuando hacerlo resulte políticamente incómodo.

La convivencia no es propiedad de ningún partido. Es un compromiso que debe acreditarse cada día, también cuando defenderlo exige marcar distancias con aliados, invitados o voces afines.

¿Qué debe exigir una comunidad musulmana prudente y consciente?

Los ciudadanos musulmanes tienen derecho a evaluar al PP —como a cualquier otra formación— a partir de sus propuestas, sus decisiones y sus resultados. La pregunta no es si un musulmán puede votar al PP: naturalmente que puede. La cuestión es si las actuaciones concretas de un partido son compatibles con los principios que cada ciudadano considera irrenunciables, entre ellos la igualdad ante la ley, la libertad religiosa, la dignidad humana y el rechazo de la discriminación.

Para una comunidad musulmana prudente y consciente, la coherencia política exige no pasar por alto declaraciones que cuestionen la pertenencia nacional de sus vecinos ni decisiones institucionales que merezcan explicaciones. Si una formación política permite que se extienda la sospecha sobre los musulmanes, sus dirigentes deben responder por ello. Y si un ciudadano considera que esa conducta contradice sus valores, tiene razones legítimas para revisar críticamente su apoyo.

La ciudadanía no se demuestra votando a un partido concreto. Se ejerce con libertad, criterio propio y capacidad para exigir responsabilidades. Ninguna organización puede reclamar el voto de una comunidad por inercia, por miedo o por relaciones personales. La confianza política debe ganarse con hechos.

Militancia, ayudas y coherencia

También merece atención la situación de quienes se identifican públicamente como musulmanes, militan en el PP o mantienen vínculos políticos con él, así como la de quienes reciben ayudas económicas o participan en estructuras dependientes de una Administración gobernada por ese partido. Son situaciones diferentes y no deben confundirse: militar en una formación es legítimo, y recibir una subvención conforme a la ley no demuestra por sí solo ninguna dependencia política.

Pero cuando alguien utiliza su identidad musulmana para reclamar representación o legitimidad ante la comunidad, resulta razonable preguntarle qué hace para defender la igualdad y la dignidad de esos ciudadanos cuando surgen controversias. ¿Ha pedido explicaciones? ¿Ha reclamado que se rechacen los discursos discriminatorios? ¿Ha defendido públicamente que los musulmanes de Ceuta no pueden ser tratados como españoles de segunda?

Las subvenciones, los contratos y los convenios públicos deben examinarse con documentación y transparencia. No es justo afirmar que alguien recibe dinero a cambio de su silencio sin pruebas. La crítica debe dirigirse a conductas demostrables, no a sospechas. Precisamente por eso, quienes ejercen responsabilidades representativas deben estar dispuestos a explicar sus decisiones y a rendir cuentas.

La credibilidad no se demuestra exhibiendo una identidad religiosa cuando resulta conveniente, sino defendiendo principios incluso cuando hacerlo puede perjudicar intereses partidistas. La lealtad a una organización nunca debería exigir silencio ante una injusticia que uno mismo reconoce.

Ceuta no necesita intermediarios de su identidad

Los ciudadanos musulmanes de Ceuta no necesitan que ningún partido les conceda permiso para sentirse españoles ni representantes que negocien su dignidad a cambio de proximidad al poder. Necesitan instituciones que garanticen igualdad, políticos que respondan a sus problemas cotidianos y representantes que defiendan sus derechos sin convertirlos en mercancía electoral.

El Partido Popular  puede despejar las dudas surgidas sobre su compromiso con la convivencia: debe condenar inequívocamente cualquier declaración que cuestione la españolidad de los musulmanes, explicar sus decisiones institucionales y demostrar que la igualdad se aplica también cuando los afectados no pertenecen a su electorado.

Los ciudadanos, por su parte, deben juzgar a cada partido por sus propuestas, sus actuaciones y sus resultados. No se trata de imponer una obediencia política a los musulmanes, sino de recordar que ninguna formación tiene asegurado el apoyo de una comunidad y que ningún voto debería darse por descontado.

La convivencia se defiende con coherencia

Ceuta es demasiado plural y compleja para aceptar que su identidad se reduzca a una disputa sobre quién es más español que los demás. Los ciudadanos musulmanes que tienen la nacionalidad española son españoles en igualdad de derechos. Su religión no disminuye sus derechos y sus orígenes familiares no los convierten en sospechosos.

El PP, como partido de gobierno, debe responder por sus propios actos y no escudarse en sus diferencias con Vox. Y quienes militan en sus filas, musulmanes o no, deben poder defender sus ideas sin renunciar a exigir coherencia a sus dirigentes. La verdadera lealtad a Ceuta no consiste en aplaudir a un partido ni en agitar con más fuerza una bandera: consiste en defender la igualdad de todos sus ciudadanos y rechazar la discriminación.

Cuando la españolidad de unos ciudadanos se convierte en materia de sospecha por su religión, el problema no está en esos ciudadanos, sino en la política que permite que esa sospecha se extienda. El silencio, la comodidad y el cálculo electoral no pueden sustituir indefinidamente a la responsabilidad.