La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama que los fondos extraordinarios aprobados por el Gobierno para hacer frente al impacto de la crisis migratoria en Ceuta permitan compensar económicamente a los empleados públicos que han asumido mayores cargas de trabajo y responsabilidades durante estos meses.

El sindicato considera que el Real Decreto-ley 30/2026, de 13 de octubre, que contempla una financiación adicional de 45,32 millones de euros para la ciudad autónoma, debe servir también para reconocer el esfuerzo del personal que sostiene los servicios públicos en circunstancias excepcionales.

CSIF valora la movilización de estos recursos, pero sostiene que las medidas económicas no deben limitarse a las administraciones, sino que también han de alcanzar a los profesionales que han afrontado las consecuencias de la crisis. Por ello, pide al Gobierno que estudie la habilitación de fondos adicionales o el uso de los mecanismos presupuestarios legalmente disponibles para financiar las compensaciones.

La organización sindical recuerda que el pasado 14 de septiembre ya solicitó al Ministerio de Función Pública una retribución extraordinaria para todos los empleados públicos afectados. Su propuesta contempla extender esta medida a los distintos colectivos implicados, tomando como referencia la compensación aprobada para la Policía Nacional.

Una compensación sin diferencias entre colectivos

El sindicato insiste en que todos los trabajadores públicos que hayan soportado un incremento extraordinario de sus tareas y responsabilidades deben recibir reconocimiento económico, sin distinciones entre colectivos que hayan afrontado una misma situación excepcional.

Para avanzar en esta reivindicación, CSIF exige la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, con el objetivo de acordar la compensación, determinar su financiación y establecer qué profesionales podrán beneficiarse.

La propuesta sindical incluye que la medida tenga efectos retroactivos desde el inicio de la crisis migratoria. CSIF sostiene que el esfuerzo realizado por los empleados públicos de Ceuta debe traducirse en una compensación económica acorde con las circunstancias excepcionales que han tenido que afrontar.