La nueva entrega de El Pueblo de Ceuta sitúa el foco en un documento remitido desde la ciudad a Madrid el 24 de julio, seis días antes de los acontecimientos del 30 de julio, que alertaba de la evidente saturación que ya sufrían los servicios públicos y asistenciales de Ceuta y advertía de un posible escenario de colapso en el futuro inmediato.

Según publica El Pueblo de Ceuta, el informe elaborado desde la Delegación del Gobierno no se limitaba a describir una situación de presión sobre los recursos disponibles. También incorporaba una prospectiva sobre la evolución de la crisis migratoria, condicionada por las reticencias y la negativa de Marruecos a recibir a sus nacionales una vez que estos habían accedido a territorio ceutí.

La advertencia adquiere especial relevancia por la fecha de su emisión. El documento fue enviado a Madrid el 24 de julio, cuando todavía faltaban seis días para la entrada masiva de personas registrada a finales de ese mes. Por tanto, la Administración central disponía, según la información publicada, de una comunicación previa que describía tanto las dificultades que ya afrontaba la ciudad como el riesgo de que la situación empeorase si no se producía una respuesta efectiva por parte de Marruecos.

Una alerta previa que cuestiona el conocimiento del Gobierno

La existencia de este informe introduce un elemento relevante en la reconstrucción de la respuesta institucional a los acontecimientos del 30 de julio. Durante los días posteriores a la entrada masiva, el conocimiento previo de la magnitud de la crisis y de sus posibles consecuencias se convirtió en una cuestión central para determinar qué información manejaban las distintas administraciones y qué medidas pudieron adoptarse antes de que se produjeran los hechos.

Sin embargo, según el planteamiento que recoge El Pueblo de Ceuta, el Gobierno central no aludió entonces a este documento como una de las advertencias que ya tenía sobre la situación de la ciudad. El informe plantea así una cuestión de fondo: si Madrid había recibido una comunicación oficial que alertaba de la saturación de los servicios y anticipaba un escenario de colapso, resulta necesario esclarecer cómo se incorporó esa información a la evaluación del riesgo y a la preparación de una eventual respuesta.

La relevancia del documento no reside únicamente en que se emitiera antes de los acontecimientos, sino también en que identificaba uno de los principales factores que podían agravar la crisis: la dificultad para materializar el retorno de los ciudadanos marroquíes que habían entrado en Ceuta, ante la falta de colaboración efectiva de Marruecos.

La información no procedía de una única fuente

Otro de los aspectos destacados de esta nueva entrega es que la preocupación por la situación de Ceuta no habría estado circunscrita a la Delegación del Gobierno. Según la información publicada el conocimiento de los riesgos también alcanzaba a otros organismos y estructuras del Estado, entre ellos el CNIF de la Policía Nacional, el CIFAS —el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas— y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La coincidencia de advertencias procedentes de distintos ámbitos administrativos, policiales y de inteligencia refuerza la importancia de esclarecer qué información llegó a los responsables políticos, cuándo la recibieron y qué decisiones se adoptaron a partir de ella. Para establecer el alcance concreto de ese conocimiento será necesario distinguir, en todo caso, entre la recepción de informes, la valoración de los riesgos y la existencia de avisos específicos sobre la dimensión y el momento de los acontecimientos posteriores.

La documentación cobra especial interés en el contexto de las informaciones conocidas posteriormente sobre las comunicaciones entre los servicios de inteligencia y los responsables de la Administración en Ceuta, así como sobre las discrepancias acerca de las advertencias que se habían trasladado antes de la crisis.

Seis días para evaluar el riesgo y preparar una respuesta

El informe del 24 de julio sitúa la fase previa a los acontecimientos bajo una nueva perspectiva. La saturación de los servicios ya era una realidad descrita por la Delegación del Gobierno y el riesgo de un agravamiento estaba expresamente contemplado en la prospectiva sobre la evolución inmediata de la situación.

La negativa o las reticencias de Marruecos a readmitir a sus nacionales constituían, además, un factor determinante: sin una vía efectiva de retorno, la presión sobre los recursos de acogida, la atención a las personas que permanecían en la ciudad y la capacidad de respuesta de las administraciones podían aumentar de forma considerable.

La cuestión que abre esta nueva revelación de El Pueblo de Ceuta es, por tanto, qué hizo el Gobierno central con la información que recibió el 24 de julio y cómo encaja ese aviso previo con las explicaciones ofrecidas después de los acontecimientos del 30 de julio.

La documentación conocida apunta a que la crisis no se produjo sin antecedentes informativos sobre la presión que soportaba Ceuta. La determinación de las responsabilidades políticas y administrativas exige ahora reconstruir la cadena de comunicaciones, identificar a los destinatarios efectivos de las alertas y contrastar las previsiones recogidas en los informes con las decisiones adoptadas antes y durante los hechos. En eso está la Audiencia Nacional, en eso está la Juez Tardón.