La sesión de control al Gobierno de la Ciudad Autónoma celebrada este viernes, 9 de octubre, ha estado marcada por la crisis migratoria, las medidas fiscales para aliviar la situación de empresas y autónomos y las deficiencias que distintos grupos de la oposición atribuyen a la gestión municipal. El Pleno también ha abordado el mantenimiento de los colegios públicos, la proliferación de obras ilegales, el precio de los carburantes, la seguridad de la planta desaladora y la falta de apertura del aparcamiento de Juan Carlos I. 

La respuesta a la crisis migratoria enfrenta a Ceuta Ya! y al PP

Uno de los debates más tensos ha sido el protagonizado por el portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, y la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, a propósito de los recursos movilizados por la Ciudad para hacer frente a la crisis iniciada a finales de julio.

Mustafa ha acusado al Ejecutivo de Juan Vivas de no haber puesto en marcha suficientes medidas extraordinarias y de anteponer, a su juicio, los intereses electorales a la gestión de la emergencia. También ha cuestionado el tratamiento de los espacios utilizados para acoger a inmigrantes y ha denunciado el abandono de las barriadas periféricas.

Chandiramani ha defendido el trabajo de los empleados públicos y el esfuerzo realizado por la Administración local dentro de sus competencias. Entre los ejemplos expuestos ha citado la retirada de unas 200 toneladas de residuos en la playa de El Trampolín en dos días y las actuaciones urbanísticas desarrolladas para localizar parcelas y abrir expedientes ante construcciones ilegales.

La consejera ha sostenido que la crisis ha superado la capacidad de respuesta de las administraciones y ha reclamado una mayor implicación del Gobierno central, tanto en efectivos policiales como en recursos sanitarios y logísticos. El enfrentamiento ha vuelto a evidenciar las diferencias entre ambos grupos sobre la responsabilidad municipal y estatal en la gestión de la emergencia.

El Gobierno estudia aplazar el pago del IPSI

La suspensión de los pagos del IPSI correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2026 también ha generado un intercambio de reproches entre Vox y el Ejecutivo local.

La diputada de Vox Ana Belén Cifuentes ha cuestionado que, después de aprobarse el acuerdo plenario del 29 de septiembre, los empresarios y autónomos sigan sin conocer cuándo podrán beneficiarse de la medida. La formación ha acusado al Gobierno de generar expectativas sin ofrecer una fecha concreta de aplicación.

La consejera Kissy Chandiramani ha explicado que los servicios técnicos están estudiando la fórmula jurídica para hacer efectiva la modificación de la ordenanza y que es necesario completar los informes y trámites correspondientes. No obstante, ha anunciado que se convocará un Pleno extraordinario cuando la propuesta esté preparada, con el propósito de acelerar su aprobación. 

El mantenimiento de los colegios, bajo escrutinio

Ceuta Ya! ha reclamado explicaciones sobre los 1,7 millones de euros destinados a la rehabilitación de 20 centros educativos mediante un encargo a ACEMSA. La diputada Julia Ferreras ha pedido conocer qué obras se han ejecutado con cargo a esa partida desde su publicación en marzo y ha cuestionado que las actuaciones enumeradas por el Gobierno respondan de manera concreta a ese presupuesto.

El consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, ha defendido la inversión municipal en los colegios y ha cifrado en alrededor de seis millones de euros los fondos propios destinados a distintas intervenciones durante el último año y medio. También ha reclamado una mayor participación del Ministerio de Educación para acometer reformas estructurales.

El debate ha vuelto a poner sobre la mesa el reparto de competencias entre la Ciudad y el Estado, así como las necesidades de conservación de unos centros que acumulan años de uso. 

Urbanismo registra 143 denuncias por obras ilegales en septiembre

La proliferación de construcciones al margen de la normativa ha sido otro de los asuntos destacados. El consejero de Urbanismo, Rafael Peñalver, ha informado de que durante septiembre se formularon 143 denuncias por obras ilegales, una cifra próxima a la media anual de unos 200 expedientes registrada desde octubre de 2019.

Peñalver ha reconocido que la plantilla disponible resulta insuficiente y ha anunciado que el Gobierno espera incorporar antes de finalizar el año un arquitecto, un arquitecto técnico y un perfil jurídico para reforzar el servicio.

El responsable de Urbanismo ha defendido la actuación municipal contra las construcciones que se detectan mientras están en ejecución y ha señalado que se han llevado a cabo 14 demoliciones en el marco del dispositivo reforzado. Vox, por su parte, ha reclamado más inspecciones y una respuesta más contundente para evitar riesgos para trabajadores y vecinos y combatir la competencia desleal frente a las empresas que cumplen la normativa. 

El precio de los carburantes vuelve a enfrentar a MDyC y Hacienda

La portavoz del MDyC, Fátima Hamed, ha insistido en la necesidad de revisar la fiscalidad de los carburantes para abaratar el repostaje en Ceuta. Ha comparado los precios con los de Melilla y ha reclamado que se estudien cambios en el IPSI después de cerca de 20 meses de peticiones de su formación.

Chandiramani ha respondido que reducir el impuesto complementario sobre los hidrocarburos no garantiza que el ahorro llegue al consumidor, ya que podría beneficiar a las empresas comercializadoras. La consejera ha defendido el sistema fiscal ceutí y ha confirmado que mantiene conversaciones con empresas de bajo coste para intentar atraerlas a la ciudad y aumentar la competencia.

El aparcamiento de Juan Carlos I sigue sin fecha de apertura

El MDyC también ha pedido explicaciones por el retraso del aparcamiento público de Juan Carlos I, cuya licitación se remonta a 2018 y que continúa sin prestar servicio.

El Gobierno ha reconocido que las obras están terminadas, pero ha señalado que quedan comprobaciones relacionadas con la seguridad y la protección contra incendios, además de cuestiones pendientes sobre el modelo de explotación. La intención municipal es destinar principalmente las plazas de la parte inferior a los residentes de la barriada.

Fátima Hamed ha criticado que, ocho años después de la licitación, la Ciudad siga sin concretar una fecha de apertura. El Ejecutivo ha asegurado que trabaja para resolver los trámites pendientes, aunque no ha fijado un plazo definitivo.

La desaladora y los emplazamientos de acogida, entre las preguntas de Vox

Vox ha planteado además preguntas sobre los emplazamientos recogidos en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, y sobre las condiciones en las que la Ciudad aceptó el traslado de personas migrantes a terrenos como los de Loma Colmenar.

Durante el debate, el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha reconocido que algunas de las condiciones planteadas para el traslado no se cumplieron, mientras que Vox ha reclamado documentación sobre los criterios técnicos y la participación de la Administración local en la elección de los espacios. Ramírez ha insistido en que los campamentos no constituyen una solución adecuada y ha reclamado al Gobierno central que concrete los procedimientos y plazos para las devoluciones.

La seguridad y vigilancia del perímetro de la planta desaladora también figuraban entre las cuestiones planteadas por Vox en el orden del día, junto con el cumplimiento del acuerdo relativo a la suspensión del IPSI.

La sesión ha dejado así sobre la mesa una amplia relación de asuntos pendientes: desde la respuesta institucional a la crisis migratoria y el alivio fiscal del tejido empresarial hasta el mantenimiento de los servicios públicos, el control urbanístico y la puesta en funcionamiento de infraestructuras municipales.