El Partido Popular de Ceuta considera que el balance ofrecido por el Gobierno sobre la crisis migratoria no permite concluir que la ciudad haya recuperado la normalidad. Setenta días después de las entradas masivas del 30 y 31 de julio, los populares denuncian que el Ejecutivo sigue sin ofrecer el dato que, a su juicio, resulta esencial: cuántas de las personas que accedieron a Ceuta durante aquellos dos días permanecen todavía en la ciudad y cuántas han sido efectivamente devueltas.

El PP cuestiona especialmente la interpretación de las cifras de retornos facilitadas por el Ministerio. El balance contabiliza 10.513 regresos voluntarios y 513 expulsiones desde el 10 de agosto, pero los populares sostienen que estas cifras no pueden presentarse como el resultado de una política de devolución de quienes entraron durante la crisis de finales de julio.

Según el PP, las 513 expulsiones corresponden a personas relacionadas con la comisión de delitos y no a ciudadanos que hayan sido devueltos como consecuencia de las entradas masivas del 30 y 31 de julio. Por ello, aseguran que los expedientes de devolución vinculados específicamente a aquellas entradas siguen sin arrojar ningún resultado.

Los populares distinguen entre una salida voluntaria y una devolución ejecutada por el Estado y consideran que acumular ambas cifras no responde a la cuestión que, según afirman, llevan semanas planteando las autoridades y los ciudadanos de Ceuta: cuántas personas que entraron durante aquellos dos días continúan en la ciudad y qué medidas está adoptando el Gobierno para garantizar el retorno de quienes no tienen derecho a permanecer en España.

El PP también cuestiona que el desalojo de El Trampolín pueda considerarse la solución a la crisis. A juicio de los populares, la operación ha supuesto el desplazamiento de parte del problema hacia otros puntos de Ceuta, con la aparición de nuevos asentamientos improvisados y la presencia de un elevado número de inmigrantes en distintos espacios de la ciudad.

Frente al anuncio del Gobierno de que el desalojo de El Trampolín constituye un «punto de inflexión», el PP sostiene que los efectos sobre el terreno no permiten hablar todavía de normalización y reclama conocer dónde se encuentran actualmente las personas que fueron desalojadas del campamento.

La formación popular alerta asimismo de la presión que la crisis está ejerciendo sobre los servicios públicos. En este sentido, señala que el número de usuarios de las urgencias se ha incrementado un 300%, mientras que el balance del Gobierno apunta a que 13 de las 93 camas ocupadas corresponden a personas inmigrantes.

Para el PP, este último dato no permite valorar por sí solo el impacto de la crisis sobre el sistema sanitario y reclama un balance más amplio sobre las consecuencias que las entradas masivas han tenido en los servicios públicos de la ciudad.

Los populares consideran que la sucesión de cifras sobre triajes, plazas habilitadas, retornos voluntarios y expulsiones no responde a las preguntas esenciales que siguen pendientes 70 días después de la crisis: cuántas personas permanecen en Ceuta de las que entraron el 30 y 31 de julio, cuántas han sido realmente expulsadas o devueltas y cuándo podrá darse por recuperada la normalidad en la ciudad.