Hay silencios que dicen mucho más que un discurso.

Pedro Sánchez compareció este lunes durante más de nueve minutos para anunciar la convocatoria de elecciones y desgranar las razones por las que, según su propia interpretación, España debe acudir de nuevo a las urnas. Habló de economía, de vivienda, de derechos sociales, de convivencia, de los logros de su Gobierno y del futuro del país.

Pero no habló de Ceuta. Ni un segundo.

Ni una palabra sobre la ciudad que el pasado 30 y 31 de julio sufrió una situación sin precedentes. Ni una referencia a las decenas de miles de personas que entraron en territorio español. Ni una explicación sobre la respuesta del Estado. Ni una mención a los miles de personas que, dos meses después, continúan en Ceuta. Ni una palabra sobre la operación que la Policía está desarrollando estos días para desalojar asentamientos como el del Trampolín. Ni una sola palabra para el sufrimiento de los ceuties ni de la violación de la integridad nacional de España.

Tampoco hubo referencia alguna a las dudas que están siendo investigadas sobre las advertencias previas a aquellos acontecimientos, a la actuación de los distintos organismos del Estado o a las responsabilidades políticas que el Senado pretende analizar en su próxima comisión de investigación. Nada.

Para Ceuta, el silencio de Sánchez resulta especialmente elocuente.

Lo ocurrido en julio no puede despacharse como un episodio migratorio más. La dimensión de aquella entrada, la presión ejercida sobre una ciudad de apenas 85.000 habitantes, el impacto sobre sus servicios públicos, la seguridad y la convivencia y las consecuencias que todavía persisten obligan a considerar aquella crisis desde una perspectiva mucho más amplia.

Y ahí aparece una de las grandes contradicciones del sanchismo.

El Gobierno proclama cuando le interesa que Ceuta es España, que su seguridad es una prioridad y que sus fronteras son fronteras de la Unión Europea. Pero cuando llega el momento de explicar a los españoles qué ocurrió, qué falló y qué piensa hacer el Estado para evitar que vuelva a suceder, Ceuta desaparece del discurso presidencial. Ni una palabra.

Mientras Sánchez hablaba desde La Moncloa, en Ceuta la Policía continuaba desplegada en el Trampolín para desalojar a miles de personas que todavía permanecen en la playa. Mientras el presidente convocaba elecciones, vecinos de La Colina y Postigo seguían padeciendo las consecuencias de una operación que ha alterado durante horas su movilidad. Mientras se habla de futuro, las empresas ceutíes reclaman datos para saber cuánto tiempo tendrán que seguir soportando la incertidumbre. Esa es la Ceuta real.

Una ciudad que lleva dos meses intentando recuperar la normalidad y que todavía espera respuestas.

El problema que Sánchez no quiere pronunciar

Ceuta se ha convertido en uno de los puntos más incómodos para el Gobierno. No porque sus problemas sean nuevos, sino porque los acontecimientos de julio han colocado sobre la mesa preguntas que no pueden resolverse con una declaración política.

¿Se conocían las advertencias previas? ¿Se adoptaron todas las medidas necesarias? ¿Por qué el Estado no estaba preparado para afrontar una situación de semejante dimensión? ¿Qué papel desempeñó Marruecos? ¿Por qué continúan miles de personas en la ciudad? ¿Por qué los retornos y los procedimientos administrativos avanzan al ritmo que lo hacen? ¿Y qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar que una situación semejante no vuelva a repetirse?

Son preguntas que ya no pertenecen exclusivamente al debate político. Algunas forman parte de investigaciones judiciales y parlamentarias que tendrán que determinar responsabilidades y hechos.

Pero hay una cuestión que sí pertenece directamente a la política: la obligación de dar explicaciones a los ciudadanos. Y Sánchez, en su discurso de este lunes, decidió no hacerlo.

Ceuta, el talón de Aquiles

Puede que el presidente del Gobierno considere que hablar de Ceuta resulta incómodo en plena convocatoria electoral. Puede que prefiera centrar el relato en otros asuntos. Puede incluso que confíe en que el paso del tiempo diluya lo sucedido. Pero Ceuta no ha desaparecido. La ciudad sigue ahí. Y tampoco han desaparecido las consecuencias de julio.

Ceuta es, precisamente por eso, uno de los talones de Aquiles del sanchismo. Porque en esta ciudad confluyen seguridad, frontera, inmigración, política exterior, soberanía, relaciones con Marruecos y responsabilidad del Estado. Y porque lo ocurrido durante aquellos dos días obliga a responder preguntas que ningún Gobierno puede esconder indefinidamente debajo de la alfombra.

La convocatoria electoral no puede convertirse en una puerta de salida para eludirlas.

Los ceutíes merecen saber qué ocurrió. Merecen saber qué información tenía el Estado. Merecen conocer qué decisiones se adoptaron y cuáles no. Y merecen, sobre todo, tener la certeza de que si algo parecido vuelve a suceder, España estará preparada para defender su frontera y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

No se trata de convertir Ceuta en una bandera electoral. Se trata de reconocer que lo sucedido afecta a la integridad territorial, a la seguridad de una frontera española y europea y a los derechos de los ciudadanos que viven aquí. Por eso el silencio presidencial resulta tan llamativo.

Más de nueve minutos. Un discurso entero. Y ni un segundo para Ceuta.

Quizá Sánchez pueda permitirse no pronunciar su nombre. Lo que no puede hacer es conseguir que Ceuta deje de existir, que sus problemas desaparezcan o que las preguntas pendientes de respuesta dejen de reclamarla.

Mientras La Moncloa habla de elecciones, Ceuta sigue esperando algo mucho más elemental: que el Estado esté.