Han pasado más de dos meses desde la invasión de Ceuta de los días 30 y 31 de julio y la ciudad continúa atrapada en las consecuencias de aquellos acontecimientos. No se trata ya únicamente de reconstruir lo sucedido en aquellas jornadas ni de determinar qué advertencias recibió el Estado, qué decisiones se adoptaron o qué responsabilidades políticas y administrativas pudieron existir. Se trata también de resolver una situación que permanece abierta y que está afectando directamente a la seguridad, a los servicios públicos y a la vida cotidiana de los ceutíes.

La operación iniciada este domingo en el Trampolín constituye una prueba evidente de que la emergencia no ha terminado. Cientos de agentes de la Policía Nacional, con apoyo de la Guardia Civil y medios especiales, han comenzado a desalojar uno de los principales asentamientos surgidos tras la invasión. Alrededor de 400 personas han sido trasladadas inicialmente hacia el CATE, mientras otras han optado por regresar voluntariamente a Marruecos antes de ser identificadas y registradas.

Ese detalle resulta especialmente significativo. Hay personas que prefieren regresar al país del que salieron antes que someterse al procedimiento de identificación y solicitar protección internacional. Conocen las escasas posibilidades que tienen de obtener asilo y son conscientes de que quedar registrados puede facilitar futuras actuaciones administrativas si vuelven a entrar ilegalmente en España. El fenómeno ya se había producido en otras operaciones anteriores, como la desarrollada en Benítez.

Pero el desalojo del Trampolín no resuelve el problema. Apenas aborda una de sus manifestaciones más visibles.

La realidad es que miles de personas continúan en Ceuta. Hay grupos repartidos por asentamientos, viviendas, garajes, zonas periféricas y distintos puntos de la ciudad. A ellos se suman quienes permanecen en los dispositivos habilitados por las administraciones, en el CETI y en las instalaciones provisionales creadas durante estas semanas. Las estimaciones disponibles sitúan en más de 10.000 el número de personas que todavía permanecen en la ciudad como consecuencia de la invasión.

Y mientras tanto, los aproximadamente 85.000 españoles que viven en Ceuta siguen esperando una respuesta definitiva.

Ese es precisamente el aspecto que no puede perderse de vista. Ceuta no es un campamento. No es un territorio de tránsito. Es una ciudad española y europea en la que sus vecinos tienen derecho a recuperar plenamente la normalidad, la seguridad y la libertad de movimientos.

Durante estos dos meses se han sucedido anuncios, reuniones, comités, dispositivos policiales, traslados y medidas provisionales. También se ha declarado la Situación de Interés para la Seguridad Nacional. Pero la sensación que permanece en la calle es que el Estado sigue actuando con medidas parciales frente a un problema que exige una respuesta integral.

Resulta difícil entender que para determinadas emergencias políticas el Gobierno encuentre fórmulas jurídicas con extraordinaria rapidez y, sin embargo, ante una situación excepcional que afecta a una frontera española y europea, siga sin aprobar una respuesta legislativa específica y urgente que permita afrontar las consecuencias de la invasión.

La cuestión no es solamente policial. Tampoco es exclusivamente migratoria. Es una cuestión de seguridad nacional, de control fronterizo, de política exterior, de protección de los servicios públicos y de recuperación de la normalidad en una ciudad que soportó en apenas dos días una presión demográfica extraordinaria.

Por eso resulta difícil aceptar que el Gobierno se limite a administrar las consecuencias mientras el tiempo pasa.

La invasión del 30 y 31 de julio exige respuestas. Exige saber qué ocurrió, por qué ocurrió, qué información estaba en manos del Estado, qué decisiones se tomaron y cuáles no se tomaron. Y exige también saber por qué, transcurridos más de dos meses, todavía no existe una solución definitiva para las miles de personas que permanecen en Ceuta.

La investigación judicial abierta por la Audiencia Nacional tendrá que determinar las responsabilidades que correspondan. La Comisión de Investigación que el Senado pondrá en marcha deberá hacer lo propio desde el ámbito parlamentario. Y serán los tribunales y las instituciones competentes quienes deberán establecer, si procede, responsabilidades concretas.

Pero hay una responsabilidad política que no necesita esperar a una sentencia para ser examinada: la obligación de gobernar y solucionar los problemas. Ceuta no puede permanecer indefinidamente en una situación excepcional. No puede convertirse en permanente lo que nació como una emergencia.

Y tampoco puede pretenderse que los ceutíes acepten como nueva normalidad vivir con miles de personas dispersas por la ciudad, con asentamientos que deben ser desalojados mediante grandes despliegues policiales y con la incertidumbre de no saber cuándo terminará realmente esta crisis.

El Gobierno todavía está a tiempo de actuar. Puede aprobar las reformas legales necesarias, reforzar los mecanismos de devolución, acelerar los procedimientos administrativos, garantizar medios suficientes y establecer una estrategia clara para recuperar la normalidad.

Lo que no puede hacer es seguir ganando tiempo.

Porque el tiempo, en Ceuta, no está solucionando el problema. Lo está convirtiendo en permanente.

Y si finalmente los tribunales determinan que hubo negligencia, errores graves u omisiones por parte de quienes tenían la responsabilidad de prevenir o responder a la invasión, será la Justicia la que deberá establecer las consecuencias.

Pero incluso antes de que llegue ese momento, existe una evidencia política que ya nadie puede ignorar: Ceuta fue invadida, el Estado no estaba preparado para responder a lo ocurrido y, dos meses después, la ciudad continúa pagando las consecuencias.

La operación del Trampolín no es el final de la crisis. Es la demostración de que la crisis continúa.