La asociación civil ‘Salvemos Ceuta’ se ha presentado este sábado públicamente en la ciudad con el propósito de utilizar las herramientas jurídicas disponibles para defender los intereses de Ceuta ante la situación generada por la crisis fronteriza de finales de julio.

La entidad, constituida inicialmente por una procuradora y cuatro abogados ceutíes, ha celebrado esta tarde una asamblea abierta en el Hotel Ulises en la que sus promotores han explicado sus objetivos y las primeras actuaciones que pretenden impulsar. La asociación está presidida por Susana Román, mientras que Fernando Márquez ocupa la Secretaría y forman parte de la junta directiva como vocales Alberto Aflalo Wahnon, Sonex Bhagwandas Arjandas y Abselam Abderrahaman Maate.

Los letrados representan, además, la pluralidad de las distintas comunidades que forman parte de la sociedad ceutí. Sus promotores han querido remarcar desde el nacimiento de la asociación que no existe vinculación ni afinidad política con ninguna formación, y que la iniciativa surge exclusivamente de la preocupación compartida por la situación de la ciudad y de la convicción de que existen instrumentos jurídicos para actuar.

El secretario de la asociación, Fernando Márquez, ya explicó durante la presentación de la entidad que los cinco abogados decidieron organizarse porque consideraban que, desde el ámbito profesional y asociativo, podían promover actuaciones que resultaran beneficiosas para Ceuta. La finalidad recogida en sus estatutos pasa por impulsar las actuaciones jurídicas necesarias para recuperar lo que denominan la «normalidad verdadera» de la ciudad.

Tres primeras líneas de actuación

La asamblea celebrada este sábado ha servido para poner sobre la mesa tres grandes líneas de actuación.

La primera es el refuerzo de la frontera de Ceuta, una cuestión que la asociación considera prioritaria después de la crisis vivida a finales de julio.

La segunda pasa por reclamar la aplicación de la normativa europea en materia de migración y asilo, con el objetivo de agilizar los procedimientos de retorno y expulsión cuando legalmente corresponda.

La tercera, y una de las cuestiones de mayor relevancia jurídica, consiste en estudiar la personación de ‘Salvemos Ceuta’ en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de personas en Ceuta.

Los promotores han insistido en que sus actuaciones tendrán un carácter «estrictamente jurídico», alejándose de cualquier planteamiento partidista. La asociación pretende analizar las distintas vías que ofrece el ordenamiento y decidir, a partir de ellas, qué acciones pueden emprenderse en defensa de los intereses que consideran afectados.

Cinco abogados como punto de partida

‘Salvemos Ceuta’ nace con una composición deliberadamente plural. Susana Román, Fernando Márquez, Alberto Aflalo Wahnon, Sonex Bhagwandas Arjandas y Abselam Abderrahaman Maate constituyen el núcleo fundador de la asociación.

Sus impulsores sostienen que esa composición representa una de las características esenciales del proyecto: cinco profesionales del Derecho procedentes de las distintas comunidades que conviven en Ceuta unidos por una misma preocupación por la situación de la ciudad.

La asociación pretende ahora ampliar su base y permitir la incorporación de ciudadanos que compartan sus fines mediante la adhesión a sus estatutos. También está previsto que la entidad desarrolle próximamente sus canales propios de comunicación para informar de las iniciativas que vaya adoptando.

La presentación llega, además, en un momento especialmente significativo desde el punto de vista judicial. La Audiencia Nacional mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias que rodearon la entrada masiva en Ceuta, mientras la juez María Tardón continúa recabando información y tomando declaraciones para reconstruir lo sucedido.

‘Salvemos Ceuta’ pretende abrir una vía de actuación desde la sociedad civil y el Derecho. No se presenta como una organización política, sino como una asociación de profesionales que pretende utilizar los mecanismos jurídicos disponibles para reclamar medidas y defender los intereses de la ciudad.