La declaración de Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, ante la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón incorpora nuevos elementos a la investigación sobre la respuesta institucional a la invasión de los días 30 y 31 de julio.

Sanz -como se sabe- ratificó ante la juez que trasladó a su superior, el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano, las alertas recibidas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el riesgo de una entrada masiva. Según su testimonio, la Delegación había trasladado además al Gobierno central diferentes informes y solicitudes de refuerzo ante una situación que consideraba extraordinaria.

Su declaración eleva así el foco de la investigación sobre la respuesta dada desde Madrid a las advertencias procedentes de Ceuta. Sanz aseguró que desde la Delegación se reclamaron medios y medidas y que la respuesta recibida del Ministerio del Interior no fue la esperada. La magistrada deberá determinar ahora qué información llegó a cada organismo, quién tuvo conocimiento de ella y qué decisiones se adoptaron después.

El testimonio es importante por la existencia de una contradicción con la versión mantenida por Pérez Triano, que negó haber recibido el aviso de su gabinete y, a través de él, del CNI. Sanz presentó posteriormente su dimisión, precisamente después de que ambas versiones quedaran enfrentadas. Ante Tardón, el exjefe de Gabinete ha mantenido su relato y ha aportado documentación y comunicaciones que pueden permitir reconstruir la cadena de avisos previa a la entrada.

Entre el material que Sanz ha puesto a disposición de la investigación figuran 19 mensajes y una llamada con el CNI que todavía no han sido desclasificados. La incorporación de esas comunicaciones a la causa dependerá de su correspondiente desclasificación, pero su existencia permite a la magistrada profundizar en qué información circuló entre los servicios de inteligencia y los responsables de la Delegación.

Un testimonio que apunta a la cadena de decisiones

La declaración de Sanz aporta a la investigación elementos para examinar una posible cadena de inacción o respuesta insuficiente en los niveles superiores de la Administración, una cuestión que la juez deberá contrastar con el resto de testimonios, informes y comunicaciones incorporados a la causa.

La magistrada ya está reconstruyendo precisamente ese recorrido de avisos y decisiones. El testimonio previo del presidente de Ceuta, Juan Vivas, también situó ante Tardón varios contactos con miembros del Gobierno central y peticiones de refuerzo y medidas excepcionales antes de la entrada masiva.

De esta manera, la declaración de Sanz permite a la instructora avanzar en una de las cuestiones centrales de la causa: si las alertas que llegaron a las instituciones españolas fueron suficientemente valoradas y qué respuesta se dio desde el Gobierno de la Nación antes de que la situación terminara desbordando la frontera.

La pasividad de los gendarmes en el Tarajal

Sanz también relató ante la magistrada su experiencia directa durante la jornada del 30 de julio. El exjefe de Gabinete se desplazó en motocicleta hasta la zona del Tarajal y, según su declaración, observó pasividad en los gendarmes marroquíes mientras se desarrollaba el asalto a la frontera

Este testimonio se incorpora a una línea de investigación que ya contempla la actuación de las fuerzas marroquíes. La juez Tardón ha solicitado que se identifique a los agentes que aparecen en las imágenes analizadas por los investigadores y que se determine su cuerpo, unidad, graduación, funciones y actuación durante los días 29, 30 y 31 de julio.

El relato de Sanz coloca así ante la Audiencia Nacional dos piezas de una misma reconstrucción: qué sabían las autoridades españolas antes de la entrada masiva y cómo actuaron las fuerzas marroquíes cuando miles de personas se dirigieron hacia la frontera.

La investigación deberá determinar ahora si las advertencias recibidas, las peticiones de refuerzo y las comunicaciones mantenidas con Madrid fueron atendidas y en qué medida pudieron influir las decisiones adoptadas antes del 30 de julio. La declaración de Sanz aporta nuevos elementos para que la magistrada examine la posible responsabilidad por la inacción o insuficiencia de respuesta en los niveles de decisión del Gobierno central.