La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta una solicitud de actuación por la instalación de un campamento temporal para personas migrantes en las inmediaciones del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal y del Centro de Inserción Social (CIS).

El sindicato considera que la ubicación del dispositivo, colindante con el perímetro del complejo penitenciario, supone una modificación sustancial del entorno en el que desarrolla su actividad la plantilla y reclama que se evalúen previamente sus posibles efectos sobre la seguridad y la salud de los empleados públicos.

Entre los aspectos que, según CSIF, deben ser analizados se encuentran la alteración del perímetro del establecimiento penitenciario, los accesos y salidas, la circulación de trabajadores y vehículos, los protocolos de confinamiento y evacuación y el acceso de ambulancias, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de emergencia.

La organización sindical sostiene que la Administración pretende acometer la instalación sin haber aportado una evaluación preventiva específica ni documentación técnica que permita determinar los riesgos derivados de la modificación del entorno de trabajo.

CSIF recuerda que la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional no supone la suspensión de la normativa de prevención de riesgos laborales y defiende que las medidas adoptadas por la Administración deben seguir garantizando la protección de los trabajadores.

En este sentido, el sindicato invoca el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 4.2 del Real Decreto 39/1997, que contemplan la necesidad de actualizar las evaluaciones de riesgos cuando se producen modificaciones en las condiciones de trabajo. También reclama que se tengan en cuenta las obligaciones relativas a la planificación de emergencias y a la consulta de los representantes de los trabajadores.

CSIF asegura que agotó los cauces internos

La denuncia ante la Inspección de Trabajo llega después de que CSIF solicitara el 8 de septiembre una revisión extraordinaria de la evaluación de riesgos y formulara posteriormente, el 21 de septiembre, su oposición expresa a la actuación prevista.

Según el sindicato, ambas actuaciones no han obtenido una respuesta ni una valoración técnica por parte de la Administración, por lo que ha decidido recurrir a la vía inspectora al amparo del Real Decreto 707/2002, aplicable al personal de la Administración General del Estado.

CSIF pide a la Inspección que compruebe si existe una evaluación preventiva específica sobre la incidencia del campamento, que revise las condiciones de seguridad de los accesos y las vías destinadas a los servicios de emergencia y que verifique el cumplimiento de los mecanismos de consulta a los Delegados de Prevención.

Asimismo, solicita que, si se detectan deficiencias, se requiera a la Administración la adopción de las correspondientes medidas correctoras antes de materializar la instalación y que se valoren las medidas cautelares previstas legalmente cuando exista un riesgo grave e inminente.

El sindicato insiste en que corresponde a la Administración identificar y evaluar los riesgos sobre la base de criterios técnicos y garantizar la protección efectiva de los empleados públicos.

Con esta actuación, CSIF pretende que la instalación del campamento sea sometida a una evaluación preventiva específica y que cualquier modificación que afecte al funcionamiento del centro penitenciario se lleve a cabo con las garantías previstas en la legislación de prevención de riesgos laborales.