CEMSATSE ha presentado un requerimiento formal ante el INGESA y la Delegación del Gobierno en Ceuta para exigir una rectificación pública de las comunicaciones difundidas por la Administración sanitaria durante el conflicto por la huelga convocada en el ámbito sanitario. El sindicato considera que esas actuaciones han podido vulnerar los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical reconocidos en el artículo 28 de la Constitución.

La organización sindical, que asegura contar con la mayor representación en la Mesa Sectorial del INGESA, rechaza la versión de la Administración de que la convocatoria supuso un “fracaso” y sostiene que la huelga fue desconvocada el 23 de septiembre por razones de seguridad jurídica y para evitar que los profesionales quedaran expuestos a posibles consecuencias disciplinarias.

Según CEMSATSE, la decisión estuvo motivada por la falta de publicación efectiva de la resolución de servicios mínimos que, según afirma, había sido aprobada el 22 de septiembre. El sindicato sostiene que los trabajadores no tuvieron acceso formal a esa resolución en condiciones que permitieran conocer con garantías las obligaciones que debían cumplir durante la jornada de huelga.

CEMSATSE argumenta que mantener la convocatoria en esas circunstancias habría colocado a los profesionales en una situación de indefensión. Como respaldo a su posición, cita una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 10 de abril de 2026, que, según la organización, establece que la falta de publicación de los servicios mínimos puede afectar a la eficacia de la resolución y al ejercicio del derecho de huelga.

El sindicato asegura que registró oficialmente la desconvocatoria el 23 de septiembre, a las 12:56 y 13:01 horas, ante la Delegación del Gobierno y la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta, y que comunicó posteriormente la decisión a través de sus canales oficiales y a los medios de comunicación.

CEMSATSE acusa al INGESA de utilizar un lenguaje descalificador

La organización sindical también centra su requerimiento en el contenido de varios comunicados difundidos por el INGESA durante el conflicto. Según CEMSATSE, las notas de los días 21 y 24 de septiembre incluyeron expresiones como “chapuza”, “conflicto fake”, “estrepitoso fracaso”, “exótica pretensión” o “bastardos intereses particulares”.

El sindicato considera que este lenguaje excede una discrepancia entre la Administración y los representantes de los trabajadores y reclama que esas expresiones sean retiradas públicamente.

CEMSATSE sostiene que el comportamiento de una Administración pública debe ajustarse a los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad, integridad y respeto establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Desde esta perspectiva, reclama que los canales institucionales no sean utilizados para desacreditar a una organización sindical.

La organización rechaza asimismo la versión que, según afirma, situaba el conocimiento de la desconvocatoria en la mañana del 24 de septiembre. El sindicato mantiene que la decisión había sido registrada oficialmente el día anterior y que fue comunicada de inmediato.

Reclama los documentos sobre los servicios mínimos

Entre las peticiones formuladas al INGESA figura la entrega íntegra y la acreditación documental de la publicación de la resolución de servicios mínimos dictada por la Delegación del Gobierno.

CEMSATSE también reclama la rectificación pública de los comunicados de los días 21 y 24 de septiembre, la retirada de las expresiones que considera injuriosas, la corrección de las referencias a las fechas de registro de la desconvocatoria y el cese del uso de canales institucionales para desprestigiar a las organizaciones sindicales.

El sindicato pide además una manifestación expresa de respeto institucional hacia CEMSATSE y hacia el ejercicio de la actividad sindical.

Finalmente, la organización anuncia que se reserva la posibilidad de emprender acciones administrativas, judiciales y constitucionales para defender los derechos que considera lesionados y reclamar, en su caso, la reparación de los daños ocasionados.

La controversia entre CEMSATSE y el INGESA se mantiene así abierta después de la desconvocatoria de la huelga del 23 de septiembre, con ambas partes enfrentadas sobre las garantías jurídicas de los servicios mínimos, las circunstancias que llevaron a suspender la movilización y el contenido de las comunicaciones emitidas durante el conflicto.