El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha asegurado tras declarar ante la Audiencia Nacional que trasladó a la jueza “en detalle” toda la información de la que disponía la Ciudad Autónoma durante los días previos, durante y después de la invasión de finales de julio.

Vivas ha señalado que se marcha “satisfecho” por haber podido explicar su versión de los hechos y ha destacado la “implicación y determinación” que, según ha percibido, mantienen la jueza y el Ministerio Fiscal para esclarecer lo ocurrido.

El presidente ceutí ha explicado que entre los días 27 y 29 de julio la Ciudad Autónoma intentó contactar en unas diez ocasiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante llamadas y mensajes. Según su relato, tres de esos intentos obtuvieron respuesta a través del director de Gabinete de Sánchez.

En las primeras comunicaciones, ha indicado, se les trasladó que el asunto se estaba abordando con los ministerios competentes y que se trataba de una cuestión migratoria, mientras que en la última se les comunicó que el cauce de comunicación debía pasar a ser la Delegación del Gobierno.

Vivas ha afirmado que la Ciudad solicitó durante esos días tres medidas concretas: la declaración de emergencia nacional, el establecimiento de un mando único y un “refuerzo significativo” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según Vivas, las dos primeras no se adoptaron y el refuerzo policial y de Guardia Civil que finalmente se produjo no tuvo, a juicio de la Ciudad, la dimensión solicitada. El presidente ha vinculado estas peticiones al incremento de llegadas registrado en los días anteriores, cuando, según sus datos, unas 1.500 personas habían llegado a Ceuta en diez días y el número de menores acogidos había aumentado de 180 a 800.

Vivas ha insistido en que la Ciudad Autónoma no disponía de la misma información que el Gobierno central, al no tener acceso a los servicios de inteligencia, y ha señalado que la Administración ceutí no sabía que se fuera a producir una entrada masiva.

No obstante, ha indicado que posteriormente tuvo conocimiento, a través de informaciones publicadas en medios de comunicación, de informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras que situaban los días 27, 28 y 29 dentro de una primera fase del proceso que habría sido organizado para la entrada masiva.

El presidente de Ceuta no ha querido revelar qué documentación entregó a la jueza ni detallar sus respuestas durante la declaración, alegando el deber de secreto y sigilo respecto a las diligencias judiciales. Sí ha defendido la importancia de que la investigación permita esclarecer los hechos y ha afirmado que los ceutíes y el conjunto de los españoles tienen derecho a conocer lo ocurrido.