Solidaridad reclama al Gobierno de la Ciudad que refuerce de manera inmediata la seguridad de las instalaciones, espacios y patrimonio municipal, así como de nuestros montes. El sindicato insta a la Administración local a dejar de presentar como una imposibilidad jurídica lo que la legislación permite y que proteja el empleo en el sector de la seguridad privada. Además, recuerda que el artículo 21.1.24 del Estatuto de Autonomía de Ceuta atribuye a la Ciudad la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones.

Desde Solidaridad recuerdan que la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, atribuye expresamente a los vigilantes de seguridad funciones de vigilancia y protección sobre bienes, establecimientos, lugares y eventos tanto privados como públicos. Asimismo, señala el sindicato, esta normativa contempla la prestación de determinados servicios en espacios exteriores y regula específicamente la figura del guarda rural para la protección de personas y bienes en fincas rústicas y de las instalaciones existentes en ellas.

“Cuando por las características del espacio sea necesaria autorización administrativa previa o coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo procedente es tramitarla, no utilizarla como argumento para descartar el servicio”, advierte Solidaridad después de que el Gobierno del PP rechazara en pleno una iniciativa de VOX que buscaba el incremento de efectivos de seguridad privada para la protección de espacios públicos. Y es que, el sindicato puntualiza cómo la propia Ciudad ya ha acudido anteriormente a la seguridad privada.

“Tras la invasión de mayo de 2021 contrató servicios de seguridad y vigilancia con Eulen Seguridad por 241.622,70 euros para instalaciones habilitadas por la administración”, señala Solidaridad, para añadir que también ha contratado vigilancia para dependencias municipales en otros expedientes. Solidaridad reclama que se realice de inmediato un estudio técnico y jurídico de las instalaciones deportivas, centros municipales, parques y recintos delimitados, así como de las zonas forestales y fincas de titularidad municipal, determinando el régimen jurídico aplicable en cada caso y, cuando proceda, la necesidad de autorización previa o de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

“Exigimos igualmente que se respete escrupulosamente la cualificación profesional: un auxiliar de servicios no puede sustituir a un vigilante de seguridad, ni realizar funciones que la ley reserva al personal habilitado”, apunta el sindicato. Solidaridad defiende “una respuesta práctica” que pase por “más prevención, más profesionales y protección efectiva de los trabajadores, de las instalaciones públicas y del patrimonio de todos los ceutíes".

“Si existe una necesidad de seguridad, la Administración debe utilizar todos los instrumentos que la ley pone a su alcance”, asegura el sindicato. Y pide que la Ciudad Autónoma explique, instalación por instalación, qué medidas adopta y qué régimen jurídico resulta aplicable en cada caso, tramitando las autorizaciones que sean necesarias y respetando las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la normativa de contratación pública.