El Senado ha aprobado la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad. La reforma, impulsada tras una negociación parlamentaria en la que ha participado CSIF, modifica el artículo 80 de la norma y establece nuevas garantías jurídicas para los profesionales que desempeñan su labor en los centros penitenciarios.

Entre las consecuencias del nuevo reconocimiento figura la aplicación del artículo 550 del Código Penal en los casos de agresión a estos trabajadores. Según CSIF, los internos que sean condenados por atentar contra un empleado de prisiones podrán enfrentarse a una pena adicional de hasta cuatro años de prisión. La reforma contempla además que los informes de los trabajadores tengan valor probatorio salvo prueba en contrario y establece compensaciones económicas por los daños personales o materiales sufridos durante el servicio.

La nueva regulación también incorpora medidas relacionadas con la seguridad de los empleados penitenciarios, entre ellas garantías para su separación del resto de internos durante traslados o ingresos en prisión. CSIF destaca que la consideración de agente de la autoridad se extenderá a los trabajadores de los distintos ámbitos de Instituciones Penitenciarias, incluido el personal laboral, y considera que supone el reconocimiento legal de una reivindicación mantenida durante años por el colectivo.

El sindicato vincula esta reforma con la situación que atraviesan actualmente las prisiones españolas y reclama un refuerzo de las plantillas. Según los datos que aporta CSIF, en los últimos dos años el número de internos ha aumentado en 6.200 personas, mientras que se registran más de 500 agresiones anuales a trabajadores penitenciarios, una cifra que la organización sitúa en torno a una agresión cada 18-20 horas. El sindicato señala especialmente la falta de personal en áreas como vigilancia, sanidad y oficinas.

Ante este escenario, CSIF reclama a la Administración nuevos efectivos para cubrir las necesidades de los centros y evitar que determinados módulos permanezcan cerrados por falta de plantilla. La organización también pide retomar la elaboración de una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria y actualizar la normativa sobre clasificación de internos, medios coercitivos y régimen disciplinario para adaptarla, según sostiene, a la situación actual de las prisiones.