La Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta ha trasladado, junto con la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), sendos escritos a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno para reclamar una respuesta coordinada ante el incremento de obras presuntamente ilegales que el sector viene observando, especialmente desde los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

La asociación advierte de que los indicios de algunas de estas actuaciones son visibles desde la vía pública, en particular en determinadas barriadas de la periferia. Las obras ejecutadas al margen de los controles exigibles pueden poner en riesgo la seguridad de las construcciones, de quienes trabajan en ellas y de los vecinos. También preocupa el posible empleo de mano de obra sin las autorizaciones o garantías laborales necesarias.

Esta actividad perjudica a las empresas que cumplen sus obligaciones y genera competencia desleal. Las empresas del sector señalan, además, dificultades para abastecer de materiales a obras legales y un posible efecto sobre los precios. La asociación pide comprobar el alcance de estas consecuencias para evitar que afecten al conjunto de la construcción en Ceuta.

En el escrito dirigido a la Ciudad Autónoma, la asociación solicita que la Policía Local y la Consejería de Urbanismo y Transporte detecten y comprueben las obras que presenten indicios de ilegalidad y adopten, en cada caso, las medidas de paralización, protección o restablecimiento de la legalidad que procedan.

A la Delegación del Gobierno le pide que traslade la preocupación del sector al Mando Único e impulse la coordinación de los organismos estatales competentes con la Ciudad. Cuando corresponda, deberán verificarse las condiciones de trabajo, las altas en la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales y las autorizaciones para trabajar. Los indicios de infracciones deberán comunicarse entre administraciones para que cada una actúe dentro de sus competencias.

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Ceuta reclama una actuación ágil, decidida y coordinada entre la Ciudad Autónoma y el Mando Único. Preservar la seguridad de las personas y proteger la actividad de las empresas que trabajan conforme a la legalidad exige comprobar los indicios y actuar allí donde se acrediten irregularidades.