El Gobierno prepara un real decreto con medidas extraordinarias para agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo en Ceuta, una norma que introduce cambios en el procedimiento de protección internacional y que, según el borrador conocido, permitiría devolver a personas que no soliciten asilo en los siete días hábiles posteriores a la notificación de una orden de devolución, una denegación de entrada o una sanción de expulsión.

Uno de los principales cambios afecta a la intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El texto elimina el examen previo de cada solicitud por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, órgano en el que la agencia de la ONU cuenta con presencia permanente. El Gobierno justifica esta modificación por la situación excepcional que atraviesa Ceuta y la mantiene vinculada, de momento, a la vigencia de la emergencia migratoria, decretada hasta el 31 de diciembre.

El borrador también contempla que pueda proponerse la expulsión de solicitantes de protección internacional cuando se considere que representan un peligro para el orden público o la seguridad nacional. Entre los supuestos recogidos figuran comportamientos violentos o amenazantes en centros y dispositivos de acogida, así como la participación en altercados, tumultos o actuaciones que puedan ser sancionables administrativa o penalmente.

El Ministerio del Interior ha evitado valorar el contenido del documento al encontrarse todavía en fase de elaboración y ha advertido de que puede sufrir modificaciones antes de su aprobación. Fuentes ministeriales señalan que se trata de un texto en el que participan distintos departamentos del Gobierno y aseguran que la intención es mantener la colaboración con ACNUR, aunque todavía no han concretado cómo se desarrollaría esa cooperación si la agencia deja de intervenir en el examen previo de las solicitudes.

En contra

La propuesta ha generado críticas entre profesionales especializados en protección internacional. Como ejemplo, la abogada Patricia Fernández, especializada en migraciones y derechos humanos, ha manifestado en la SER que el decreto no supondrá necesariamente una aceleración de las devoluciones, sino que puede impedir que determinadas personas accedan al procedimiento de asilo.

Fernández considera que "casos muy delicados no van a obtener protección" y afirma que se está limitando el derecho a acceder al procedimiento sin que ello implique, a su juicio, una mayor eficacia de las devoluciones. La letrada también ha señalado que entre las personas que ya han sido devueltas desde Ceuta habría perfiles susceptibles de protección internacional.

Según su estimación, realizada a partir de los listados aportados al Gobierno y de las nacionalidades con mayores tasas de reconocimiento de protección, podrían permanecer en la ciudad entre 4.000 y 5.000 personas con posibilidades de obtener asilo en España. Fernández ha citado específicamente el caso de ciudadanos sudaneses que, según afirma, habrían sido devueltos a Marruecos.

ACNUR, preocupado

ACNUR, por su parte, ha expresado su preocupación por cualquier modificación del sistema que pueda reducir las garantías de quienes solicitan protección. Su portavoz, Paula Barrachina, ha señalado que la organización comprende las dificultades derivadas de la situación migratoria en Ceuta, pero reclama que cualquier reforma preserve las obligaciones internacionales y europeas de España y garantice el acceso efectivo al procedimiento de protección internacional. La agencia de Naciones Unidas también ha manifestado su disposición a colaborar con el Gobierno mediante apoyo técnico para mejorar la eficacia del sistema.