La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) prepara acciones jurídicas contra la instalación de un campamento para inmigrantes junto al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal, una decisión que, según denuncia el sindicato, ha sido comunicada a los representantes de los trabajadores como un hecho ya decidido y sin que se haya aportado documentación técnica que avale la actuación.

El proyecto contempla la instalación de un recurso provisional para alrededor de un millar de hombres adultos en terrenos situados detrás del Centro de Inserción Social (CIS) y junto a la parcela del complejo penitenciario. La decisión ha provocado el rechazo de la representación sindical, que cuestiona tanto la ubicación como el procedimiento seguido por la Administración.

CSIF asegura que durante la reunión mantenida con representantes de la Administración no se facilitó ningún proyecto técnico, memoria de impacto o informe específico de seguridad sobre la instalación. El sindicato sostiene además que las centrales fueron convocadas para plantear propuestas destinadas a facilitar la implantación del campamento pese a que la ubicación ya estaba decidida.

Ante esta situación, CSIF afirma que no participará en una negociación sobre un proyecto que considera ya cerrado y advierte de que estudia acudir a los tribunales para impedir su puesta en marcha.

Riesgos para la seguridad y los trabajadores

El sindicato sostiene que la actuación puede afectar a diferentes ámbitos de la seguridad del centro penitenciario y reclama que se realicen las evaluaciones correspondientes antes de ejecutar las obras.

Entre las normas que, a juicio de CSIF, podrían verse afectadas se encuentra la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al considerar que no se ha realizado una evaluación específica de los nuevos riesgos que la instalación puede generar para los trabajadores penitenciarios.

La organización sindical también plantea dudas sobre la aplicación de la normativa relativa a la protección de infraestructuras críticas, al considerar que la modificación del entorno exterior de Fuerte Mendizábal debería contar con los informes y revisiones de seguridad que correspondan.

CSIF apunta asimismo a la necesidad de revisar el Plan de Autoprotección y las vías de evacuación del complejo ante la modificación de los accesos y de las condiciones del entorno, y reclama que se analice igualmente el régimen de protección aplicable a las instalaciones de interés para la Defensa Nacional en Ceuta.

El sindicato considera especialmente relevante el impacto que tendría la concentración de hasta un millar de personas en las inmediaciones del complejo penitenciario y advierte de posibles riesgos relacionados con lanzamientos de objetos, accesos no autorizados, alteraciones del perímetro o incidencias que puedan afectar a la seguridad del recinto.

Recurso judicial y denuncia ante Trabajo

Ante lo que considera una falta de garantías administrativas, CSIF anuncia la preparación de un recurso contencioso-administrativo para solicitar la paralización de los trabajos mediante medidas cautelarísimas, al amparo del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La organización sindical también prevé presentar una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, centrada en las condiciones de prevención de riesgos laborales y en la ausencia, según afirma, de una evaluación específica de los nuevos riesgos derivados de la instalación.

Además, CSIF anuncia que trasladará sus objeciones a organismos y comisiones competentes de la Unión Europea, al considerar que la actuación puede tener incidencia sobre la normativa comunitaria en materia de seguridad laboral y protección de infraestructuras estratégicas.

El sindicato insiste en que su oposición no se limita a la instalación de un recurso de acogida, sino que se centra fundamentalmente en la ubicación elegida, la proximidad al complejo penitenciario y la ausencia de documentación técnica que, según denuncia, debería permitir evaluar previamente sus consecuencias sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

Mientras la Administración mantiene adelante el proyecto y prevé comenzar los trabajos de acondicionamiento, CSIF prepara así una ofensiva jurídica para intentar frenar una instalación que considera incompatible con las condiciones de seguridad que deben rodear al principal complejo penitenciario de la ciudad.