La investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta los días 30 y 31 de julio afronta esta semana una de sus principales fases con las declaraciones como testigos del presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, y del exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.

La magistrada María Tardón ha fijado para el miércoles 30 de septiembre, a las 10.00 horas, la comparecencia de Vivas. Un día después, el 1 de octubre, será el turno de Sanz, que declarará a las 12.00 horas. Ese mismo día también está citado como testigo el jefe de la Policía Local de Ceuta. 

Las declaraciones se producen en un momento especialmente relevante para la causa, después de que la jueza haya ordenado diversas diligencias destinadas a reconstruir qué información existía antes de los acontecimientos, qué organismos habían emitido alertas o análisis de riesgo, cuándo fueron elaborados y a quién fueron comunicados. 

La comparecencia de Vivas permitirá conocer ante la instructora cuál fue la información que recibió la Ciudad Autónoma durante los días previos a la entrada masiva y qué comunicaciones mantuvo con los responsables de la Administración General del Estado. El presidente ceutí ha sostenido públicamente que trasladó al Gobierno central la gravedad de la situación y ha reclamado que se determine cómo funcionaron los mecanismos de prevención y respuesta.

La declaración de Gonzalo Sanz adquiere, por su parte, una especial relevancia dentro de la investigación. El que fuera jefe de Gabinete del delegado del Gobierno presentó su dimisión a comienzos de septiembre después de sostener que había trasladado a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, información relacionada con los avisos del CNI sobre una posible entrada masiva. El delegado del Gobierno ha mantenido una versión diferente sobre el conocimiento de esas advertencias. 

La jueza ha puesto precisamente el foco en la cadena de transmisión de las alertas, solicitando información a organismos policiales y militares sobre los avisos y análisis de riesgo emitidos, sus destinatarios y los medios utilizados para comunicarlos, además de las fechas y horas en las que se produjeron esas comunicaciones. 

La investigación judicial pretende así establecer una secuencia precisa de los acontecimientos: qué se sabía antes del 30 de julio, quién conocía esa información, qué decisiones se adoptaron y cómo respondieron las distintas administraciones ante el incremento de la presión en la frontera.

Las declaraciones de esta semana no prejuzgan responsabilidades. Vivas, Sanz y el jefe de la Policía Local comparecen en calidad de testigos y sus testimonios formarán parte de una investigación que continúa abierta.

La causa llega a esta nueva fase después de que la Fiscalía de Ceuta considerase que la Audiencia Nacional debía investigar también si pudieron existir omisiones relevantes en la actuación de responsables de la Administración General del Estado durante la crisis.