Hay momentos en los que la administración de una crisis deja de ser una solución y empieza a parecer una forma de convivencia con ella. Ceuta lleva demasiado tiempo instalada en ese terreno. Casi dos meses.

Se desaloja un espacio y se ocupan otros. Se retira a personas de una playa y aparecen en un monte. Se desmonta un asentamiento y se organiza otro operativo. La Policía vuelve a intervenir, los agentes emplean recursos, tiempo y efectivos y, al final, el problema simplemente cambia de lugar. No es una solución. Es un desplazamiento.

Y mientras tanto, los ceutíes siguen esperando. Esperan recuperar sus playas, sus montes, sus parques y sus espacios públicos. Esperan que sus hijos puedan utilizarlos con normalidad. Esperan que la presión sobre los servicios sanitarios, educativos, sociales y policiales deje de aumentar. Esperan, sobre todo, que el Estado vuelva a ejercer plenamente las responsabilidades que le corresponden en una ciudad española situada en una frontera exterior de la Unión Europea.

Lo más preocupante no es que una crisis de estas dimensiones sea difícil de resolver. Lo preocupante es que las respuestas adoptadas parezcan diseñadas para administrar sus consecuencias y no para terminar con sus causas. Es como si el Gobierno ofreciera paños para recoger agua de una tuberia rota, pero no se pone a reparar la tuberia.

Ceuta no necesita una sucesión interminable de operativos policiales cuyo resultado consista en trasladar el problema unos cientos de metros o unas calles más allá. Tampoco necesita que los mismos policías, con los mismos medios y las mismas plantillas, tengan que intervenir una y otra vez para obtener resultados que desaparecen en cuanto termina el dispositivo.

Eso termina desgastando a los agentes y agotando a una población que lleva dos meses viendo cómo una situación extraordinaria empieza a formar parte de su vida cotidiana.

Hay además una cuestión de fondo que no debería perderse entre comunicados, desalojos y estadísticas: los derechos de los ceutíes también tienen que ser protegidos.

La libertad de circulación, el derecho a disfrutar de los espacios públicos, la seguridad, la protección de la propiedad, el acceso normalizado a los servicios públicos y el resto de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico no dejan de existir porque una crisis migratoria haya desbordado a las administraciones.

Precisamente en una emergencia es cuando el Estado tiene que demostrar que sus mecanismos funcionan. ¿Está utilizando el Gobierno todas las herramientas jurídicas y administrativas de las que dispone?

Juristas consultados por este medio sostienen que existen instrumentos extraordinarios que podrían estudiarse ante una situación excepcional, desde mecanismos de emergencia hasta modificaciones normativas que permitan afrontar de otra manera la aplicación de las leyes de Extranjería y Asilo. También se ha planteado la posibilidad de adoptar medidas legislativas de carácter temporal.

Naturalmente, cualquier decisión de esta naturaleza tendría que ajustarse estrictamente a la Constitución, al Derecho de la Unión Europea, a los tratados internacionales y al control judicial correspondiente. Pero una cosa es que existan límites jurídicos y otra muy distinta que el Gobierno ni siquiera explique con claridad qué alternativas legales ha estudiado y por qué las descarta. Ese silencio alimenta la sensación de abandono.

Y la comparación con la rapidez con la que el Ejecutivo ha reaccionado ante otros problemas sociales merece, cuando menos, una explicación política. El denominado caso MariCarmen, convertido en bandera por sectores de la izquierda y objeto de una respuesta legislativa anunciada por el Gobierno para este martes, demuestra que cuando existe voluntad política y presión suficiente (la de dejar caer al Gobierno) las decisiones pueden acelerarse.

La cuestión no es enfrentar el sufrimiento de una mujer al de miles de ceutíes. No hay que elegir entre proteger a unos y proteger a otros. Un Estado de derecho tiene que ser capaz de proteger a todos.

Pero resulta difícil explicar a una ciudad de unos 84.000 habitantes que lleva meses soportando las consecuencias de una crisis extraordinaria que sus problemas deben esperar mientras otras emergencias reciben una respuesta normativa inmediata. Eso es lo que irrita.

No que se proteja a quien necesita protección. No que se cumplan las leyes. No que se atienda a personas vulnerables. Lo que provoca indignación es que la población española de Ceuta tenga la impresión de haber quedado al final de la cola cuando reclama algo tan elemental como recuperar la normalidad en su propia ciudad.

Tampoco puede aceptarse que las fuerzas de seguridad sean utilizadas como una especie de servicio de mudanzas de una crisis sin final. Los agentes no pueden convertirse en la herramienta con la que se desplaza permanentemente el problema de un barrio a otro, de una playa a un monte o de un asentamiento a otro asentamiento. La política tiene que estar detrás de la Policía, no al revés.

Si las leyes actuales no permiten responder a una situación excepcional, habrá que modificarlas dentro del marco constitucional. Si existen instrumentos extraordinarios, habrá que estudiar su aplicación urgente. Si no son aplicables, el Gobierno tiene la obligación de explicar las razones jurídicas que lo impiden. Y si hacen falta más recursos, habrá que ponerlos.

Lo que no parece razonable es dejar pasar el tiempo esperando que una crisis de esta magnitud se resuelva por agotamiento. Porque el tiempo no está siendo neutral para Ceuta. Cada semana que pasa normaliza una situación que, por su dimensión, debería seguir considerándose excepcional.

Y una democracia no puede acostumbrarse a que una parte de su población viva con menos libertad, menos tranquilidad y menos acceso efectivo a sus espacios y servicios porque el Estado no encuentra —o no quiere encontrar— una respuesta definitiva. Ceuta no pide privilegios. Pide que sus derechos sean tratados como derechos.

Y si el Gobierno considera que está haciendo todo lo que legalmente puede hacer, debe demostrarlo. Con hechos, con decisiones y con explicaciones. Porque cuando una crisis se prolonga durante demasiado tiempo y las soluciones siempre consisten en moverla de sitio, llega un momento en que ya no basta con preguntar cuándo terminará. Hay que preguntar por qué no termina.