La Dirección Provincial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta ha decidido repartir entre los profesionales de Atención Primaria la asistencia sanitaria de la población migrante vulnerable con derecho a atención médica, incluidos menores y embarazadas, ante la situación generada en los centros sanitarios de la ciudad.

La medida ha sido comunicada esta semana a los profesionales mediante un escrito firmado por el director médico de INGESA en Ceuta, Juan Carlos Mata Padilla, en el que se explica el nuevo criterio de distribución de estos pacientes entre los facultativos de Medicina de Familia y Pediatría.

Según recoge la comunicación remitida a los sanitarios, los médicos de Familia asumirán la atención de los pacientes mayores de 14 años y los pediatras la de los menores de esa edad, estableciéndose un reparto de población migrante en la misma proporción entre los profesionales, tanto aquellos que cuentan con cupo abierto como los que mantienen el cupo cerrado para la población local.

“Ante la situación irregular que estamos presentando en los centros sanitarios de población migrante vulnerable (menores, embarazadas etc…) con derecho a asistencia sanitaria y por considerar el reparto asistencia más equitativo, adoptamos la medida de asignar entre todos los profesionales sanitarios, Médicos de Familia, por encima de 14 años y Pediatras por debajo de esa edad, reparto de población migrante en la misma proporción, tanto para facultativos con cupo abierto, como con cupo cerrado para la población local”.

La decisión ha generado malestar entre profesionales sanitarios, que consideran que la solución adoptada supone incorporar a los cupos existentes una población adicional sin que se haya producido, paralelamente, un incremento proporcional de médicos, pediatras o del resto de personal sanitario necesario para atender esa demanda.

Los profesionales consultados cuestionan que la respuesta a una situación que afecta a la capacidad asistencial de los centros pase por distribuir entre los facultativos que ya forman parte de las plantillas la atención de una población que, según trasladan, requiere recursos adicionales. Consideran que se está introduciendo “con calzador” a estos pacientes en unos cupos que ya soportan una elevada carga de trabajo.

La principal preocupación expresada por los sanitarios es el efecto que esta redistribución pueda tener sobre los tiempos de espera y la atención a los pacientes de la población local. Los profesionales advierten de que asumir un mayor número de pacientes con las mismas plantillas puede traducirse en más dificultades para conseguir citas y en una mayor presión sobre unas consultas que ya trabajan con una elevada carga asistencial.

La medida afecta tanto a los facultativos que disponen de cupo abierto como a aquellos que mantienen su cupo cerrado para la población local, al establecer INGESA un reparto proporcional de los pacientes inmigrantes vulnerables entre todos ellos.

El criterio adoptado por la Dirección Provincial se produce en un momento de presión creciente sobre la Atención Primaria de Ceuta, donde los profesionales reclaman desde hace tiempo un refuerzo de las plantillas para poder absorber el incremento de la demanda y garantizar una atención adecuada.

La controversia se centra ahora en si el reparto de estos pacientes entre los médicos existentes permitirá dar respuesta a la situación asistencial o, por el contrario, terminará incrementando la carga de trabajo de los profesionales y repercutiendo en los tiempos de atención del conjunto de la población.

Para los sanitarios críticos con la decisión, el problema no es la atención sanitaria que corresponde a las personas con derecho a asistencia, sino la ausencia de un refuerzo específico de recursos humanos para atender el incremento de población que está llegando a los centros, dejando que sean las mismas plantillas las que absorban la nueva demanda.