El Gobierno prepara un real decreto-ley destinado a acelerar los procedimientos de devolución a Marruecos de los inmigrantes que permanecen en Ceuta después de la invasión registrada los días 30 y 31 de julio. La iniciativa se encuentra todavía en fase de elaboración y el Ejecutivo trabaja con la intención de aprobarla en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

La nueva vía pretende reducir los plazos que actualmente requieren los procedimientos administrativos y judiciales para ejecutar las devoluciones. El objetivo es facilitar la salida de la ciudad de aquellas personas que, tras ser identificadas y sometidas al correspondiente procedimiento, no tengan derecho a permanecer en España.

La medida se estudia casi dos meses después de la invasión desde Marruecos y en un momento en el que todavía permanece en Ceuta un elevado número de personas que accedieron a territorio español durante aquellos días. Según los datos ofrecidos, más de 12.000 continuarían en la ciudad, mientras cerca de 7.000 habrían regresado voluntariamente a Marruecos.

El Gobierno ya ha puesto en marcha un dispositivo específico para identificar a los inmigrantes, tramitar sus expedientes y determinar su situación jurídica. A mediados de septiembre, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró en 1.822 los expedientes de adultos que ya habían iniciado el proceso de triaje, mientras que se habían producido 307 expulsiones y 5.482 retornos voluntarios a Marruecos.

La futura norma pretende precisamente acelerar ese procedimiento. La intención del Ejecutivo es que, una vez completadas las identificaciones y cumplidos los requisitos legales, las devoluciones puedan ejecutarse con mayor rapidez, evitando que los expedientes permanezcan durante semanas pendientes de los distintos trámites.

El decreto también contempla, según fuentes del Gobierno, una agilización de la tramitación de las solicitudes de protección internacional. El objetivo sería diferenciar con mayor rapidez entre quienes puedan acreditar un derecho de protección y aquellos cuya situación permita iniciar o continuar un procedimiento de retorno.

El proceso deberá ajustarse, en cualquier caso, a las garantías legales y judiciales aplicables a cada expediente. La mera entrada irregular no supone por sí misma una expulsión automática, por lo que deberán analizarse las circunstancias individuales, incluidas las eventuales solicitudes de asilo o protección internaciona, se asegural.

La aceleración de las devoluciones constituye ahora uno de los principales frentes de actuación del Gobierno en Ceuta. El Ejecutivo ya había reforzado con agentes de la Policía Nacional y funcionarios los dispositivos de identificación y tramitación, con el propósito de acortar los tiempos de los expedientes.

La aprobación del nuevo real decreto-ley supondría un nuevo paso en la respuesta estatal a la crisis migratoria desencadenada en julio y trasladaría el foco desde la acogida y la identificación hacia la ejecución de los procedimientos de retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España.