La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado una batería de acciones administrativas, sindicales y judiciales para tratar de impedir la instalación de un campamento temporal de inmigrantes en las inmediaciones del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal de Ceuta.

El sindicato ha presentado ya una oposición formal ante la Autoridad Funcional del Mando Único de Ceuta, al considerar que la ubicación prevista supone, a su juicio, un riesgo para la seguridad de los trabajadores penitenciarios y para el funcionamiento del centro.

CSIF sostiene que la instalación de un asentamiento de estas características junto al perímetro penitenciario puede incrementar los riesgos relacionados con intrusiones, alteraciones de la seguridad perimetral o el lanzamiento e introducción de objetos prohibidos en el interior de la prisión.

La organización sindical reclama que, antes de cualquier actuación, se realice una evaluación específica de riesgos laborales y se garantice la coordinación de las distintas administraciones y organismos implicados en materia de seguridad y emergencias. También denuncia que no se habría producido la consulta previa a los órganos de representación preventiva que, según CSIF, exige la normativa.

Amenaza con acudir a los tribunales

El sindicato ha advertido de que, si los trabajos avanzan, sus servicios jurídicos acudirán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y solicitarán medidas cautelarísimas inaudita parte para intentar conseguir la paralización inmediata de las actuaciones.

Paralelamente, CSIF anuncia una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que pedirá que se analice el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de los planes de autoprotección y emergencia del centro penitenciario.

La organización sindical extiende además sus objeciones a cuestiones relacionadas con la protección de infraestructuras estratégicas, la normativa de Defensa, la ordenación urbanística y la protección medioambiental.

En este sentido, CSIF sostiene que el proyecto debería contar con las autorizaciones y evaluaciones que, según su interpretación de la normativa, resulten exigibles por la ubicación de la parcela y por la proximidad del centro penitenciario.

El sindicato considera que la situación requiere una respuesta inmediata y reclama que se estudien ubicaciones alternativas que permitan atender las necesidades derivadas de la situación migratoria sin afectar a la seguridad del establecimiento penitenciario.

«No podemos consentir que, bajo el argumento de la urgencia asistencial, la Administración actúe por la vía de hecho y ponga en peligro directo la vida y la integridad física de los trabajadores penitenciarios», sostiene CSIF.

La organización asegura que mantendrá abiertas todas las vías de actuación y que acudirá a los tribunales y a la Inspección de Trabajo si el proyecto continúa adelante, al considerar que la proximidad del campamento al centro penitenciario puede comprometer las condiciones de seguridad de trabajadores e instalaciones.