CEMSATSE ha desconvocado la huelga sanitaria de 24 horas prevista para este jueves, 24 de septiembre, después de que la Administración llegara a la víspera sin publicar formalmente los servicios mínimos. El sindicato, mayoritario en la Mesa Sectorial de INGESA según señala en su comunicado, sostiene que la omisión genera inseguridad jurídica y hace imposible que la plantilla ejerza el derecho de huelga con garantías.

Una desconvocatoria provocada por la incertidumbre

La organización sindical explica que la decisión no responde a la desaparición del conflicto, sino a la falta de un marco formal que permita saber quién debe trabajar y en qué condiciones. Asegura que no consta ni la resolución que fija los servicios mínimos ni una comunicación individualizada a las personas afectadas.

CEMSATSE añade que algunos responsables de INGESA habrían advertido verbalmente a trabajadores que no reúnen los requisitos para ser considerados servicio mínimo de que debían acudir a sus puestos y no podían secundar el paro. La acusación figura en el comunicado sindical y no incorpora la versión de la Administración.

La negociación acabó sin propuestas

El comité de huelga y la Administración se reunieron el 17 de septiembre al amparo del artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977. Según CEMSATSE, INGESA consideró que la convocatoria carecía de fundamento, negó los problemas denunciados y rechazó las reivindicaciones. El encuentro terminó sin acuerdo y, siempre de acuerdo con el sindicato, sin propuestas capaces de acercar posiciones.

La protesta pretendía abrir una negociación sobre la infradotación de recursos humanos, una situación que la central considera agravada desde la crisis iniciada el 30 de julio. La desconvocatoria, por tanto, aplaza la movilización, pero no resuelve el conflicto de fondo.

Choque por el relato institucional

El sindicato también reprocha a INGESA que difundiera comunicaciones destinadas a cuestionar la justificación de la huelga mientras seguía pendiente una decisión esencial para celebrarla. A su juicio, esa actuación mezcla la posición de empleador con la voz institucional y resulta incompatible con la neutralidad y la buena fe que deben exigirse a una Administración ante el ejercicio de un derecho fundamental.

CEMSATSE sostiene que la Administración empleó recursos públicos para desacreditar la protesta y erosionar su legitimidad. Frente a ese esfuerzo comunicativo, critica que no se culminara a tiempo la publicación de los servicios mínimos, pese a que el preaviso se registró el 14 de septiembre y tres días después se anunció que los criterios serían elevados para su aprobación.

Reivindicaciones y posibles acciones

La central invoca los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, así como los derechos de libertad sindical y huelga reconocidos en la Constitución. Defiende que la ausencia de servicios mínimos no es un defecto menor: impide conocer con antelación las limitaciones y obligaciones que recaerían sobre cada profesional en un servicio sanitario esencial.

La desconvocatoria no supone, subraya el comunicado, una renuncia a las demandas laborales ni una aceptación de la conducta administrativa. CEMSATSE y el comité de huelga anuncian que estudiarán acciones administrativas, sindicales, jurisdiccionales y constitucionales. El conflicto queda así abierto, con la falta de personal y la ruptura de la negociación como problemas todavía sin respuesta.