VOX Ceuta lamenta que el Gobierno de Juan Vivas haya tardado casi dos meses en empezar a ejercer sus competencias para paliar las nefastas consecuencias que la invasión que sufrió la ciudad el pasado 30 de julio. Así, el partido cuestiona por qué el Ejecutivo local dio orden este martes de desmontar todos los puestos de venta ambulante en el Trampolín y no lo hizo hace semanas.

El partido destaca la “gran profesionalidad” de la UIR de la Policía Local y les traslada su agradecimiento. Además, pone en valor que los agentes han tenido que intervenir cuando ya estaba el problema muy extendido y sin el material antidisturbios que se requieren para poder actuar con total protección y seguridad en este tipo de actuaciones.

No obstante, VOX también advierte de que “si no se desaloja la playa, el problema reaparecerá en cuestión de horas”. De ahí en que exija que esta intervención no se quede en “una mera puesta en escena”.

Desde la formación critican que “la dejadez de este Gobierno ha  permitido que la playa del Trampolín se convierta en una auténtica favela con su zoco integrado” sin que se haya actuado en ningún momento. “Pero cuando esta vergonzosa imagen ha dado la vuelta al mundo y tras más de 50 días de desesperación para los vecinos, resulta que la Ciudad Autónoma decide ejercer sus competencias”, condena

Para VOX esta intervención está más vinculada a un cálculo de interés político  porque, advierte el partido, “no se entiende de otra manera que no se haya decidido actuar hasta ahora”. Y precisamente esta inacción llevó a la formación a registrar a principios de septiembre una solicitud de información en la que pedía a la Ciudad Autónoma datos sobre las actas que se habían levantado por incumplimiento de la ordenanza de venta fuera de establecimiento comercial.

Ahora, VOX denuncia que “se está jugando con los ceutíes, alterando por completo sus vidas, cuando se podría haber intervenido mucho antes”. Y, en esta línea, el partido recuerda que ha exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno de Vivas que actúe en las áreas que están bajo su competencia, como es el caso de las inspecciones en establecimientos hosteleros, en viviendas de protección oficial, el refuerzo de la seguridad mediante la contratación de vigilantes, o el refuerzo del control de los montes con guardas rurales.