La imagen se repite en distintos puntos de Ceuta: viviendas en las que se concentra un número de personas muy superior al que razonablemente puede albergar un inmueble y que terminan convirtiéndose en improvisados puntos de alojamiento para inmigrantes. Este sábado, la Policía Nacional ha vuelto a intervenir en uno de estos pisos, situado en la zona del Príncipe, donde fueron localizados más de quince ocupantes.

La actuación se produjo durante la mañana y los agentes procedieron a desalojar la vivienda y a identificar a las personas que permanecían en su interior. La intervención se encuadra en las pesquisas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen abiertas sobre la proliferación de este tipo de alojamientos tras la llegada masiva por la invasión de Ceuta durante los últimos días de julio.

El interés policial no se limita a conocer quién se encontraba en el inmueble. Una de las líneas de investigación pasa por determinar quién facilita estas viviendas, bajo qué condiciones y si existe un pago por parte de los ocupantes. Estos extremos resultan determinantes para establecer si tras el alojamiento existe una actividad meramente irregular o si pudieran concurrir responsabilidades penales.

La vivienda intervenida se suma así a otros inmuebles que han quedado bajo vigilancia policial en las últimas semanas. La concentración de inmigrantes en casas particulares se ha convertido en una de las consecuencias menos visibles de los efectos de la invasión: personas que abandonan o quedan fuera de los recursos de acogida terminan buscando espacio en viviendas donde se acumulan numerosos ocupantes.

Investigaciones abiertas en distintos puntos

La operación de este sábado se produce pocos días después de que la Policía Nacional desarticulara en el Príncipe una presunta red que habría utilizado viviendas para alojar a inmigrantes y posteriormente facilitar su traslado clandestino a la Península.

En aquella investigación, dos personas fueron detenidas y los investigadores apuntaron a que se cobraban cantidades que podían alcanzar los 900 euros mensuales por el alojamiento, además de hasta 6.000 euros por facilitar el traslado a la Península.

La actuación de hoy no implica por sí misma que exista una relación entre aquella investigación y la vivienda desalojada este sábado. Será la investigación policial la que determine si los ocupantes pagaban por permanecer en el inmueble y, en su caso, quién estaba detrás de su utilización.

La Policía mantiene así abierto un nuevo frente dentro de la gestión de las consecuencias de la invasión. Mientras los dispositivos oficiales intentan absorber a las personas que permanecen en Ceuta, las viviendas particulares se han convertido en un recurso paralelo para una parte de los inmigrantes que buscan alojamiento fuera de los centros habilitados.

El desalojo del Príncipe hace que las FyCSE determinen qué hay detrás de unas viviendas que, en algunos casos, terminan funcionando como auténticos alojamientos colectivos al margen de cualquier control administrativo, qué perfiles se ocultan de este modo en Ceuta y quiénes dan ese cobijo.