La investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva en Ceuta da un nuevo paso con dos líneas de trabajo especialmente relevantes. La jueza María Tardón ha encargado a la UCO de la Guardia Civil y a la UDEF de la Policía Nacional que investiguen la posible financiación de la movilización y, paralelamente, ha ordenado avanzar en la identificación de los agentes marroquíes que aparecen en informes policiales realizando labores de supuesto “guiado” de los grupos que se dirigieron hacia la ciudad los días 30 y 31 de julio.

En el apartado económico, la magistrada quiere determinar si existieron recursos destinados a hacer posible una movilización de la magnitud registrada y quién pudo proporcionarlos. UCO y UDEF deberán analizar movimientos económicos relevantes en la zona, posibles sistemas informales de transferencia de dinero, incluido el denominado hawala, contratación colectiva de transportes y cualquier otra operación relacionada con la logística. La resolución no atribuye por ahora esa financiación a ninguna persona u organización, sino que ordena investigar si existió y reconstruir su posible recorrido.

La segunda línea afecta directamente a las actuaciones observadas en el lado marroquí de la frontera. Tardón ha pedido a la Policía y a la Guardia Civil que profundicen en la identificación de los individuos señalados en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) como “agentes dinamizadores”. La jueza reclama conocer su identidad, cuerpo policial, unidad, rango y funciones, además de reconstruir la cadena de mando operativa existente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, declarará como testigo el 30 de septiembre; y Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, el 1 de octubre

La magistrada ha solicitado además análisis biométricos y de reconocimiento facial sobre las personas identificadas en las fichas policiales. El objetivo es comprobar quiénes son los individuos que aparecen en las imágenes y determinar si desarrollaron funciones de coordinación o dirección sobre el terreno. La Policía había señalado previamente en su informe la presencia de agentes uniformados y de otros individuos de paisano que, según ese documento, habrían desempeñado labores de “guiado” de los grupos.

Estas diligencias se suman a la investigación del rastro digital de la movilización y a la reconstrucción de las alertas recibidas por las autoridades españolas antes de la entrada. La Audiencia Nacional ha abierto una pieza tecnológica de carácter secreto para identificar a quienes difundieron la convocatoria a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, mientras que también ha requerido información sobre avisos, comunicaciones e imágenes disponibles antes y durante los acontecimientos.