Jueves, 17 de Septiembre de 2026

Actualizada Jueves, 17 de Septiembre de 2026 a las 11:56:09 horas

Redacción
Jueves, 17 de Septiembre de 2026
Crisis en Ceuta

Los detenidos cobraban hasta 900 euros mensuales por alojar a inmigrantes en espacios inhabitables

Los investigados ofertaban traslados a la península por cantidades de hasta 6.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Ceuta una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración irregular y que habría obtenido importantes beneficios económicos aprovechándose de la situación de especial vulnerabilidad de personas inmigrantes recién llegadas a la ciudad.

 

La investigación permitió identificar una estructura organizada que habría desarrollado diferentes funciones relacionadas con la captación, alojamiento, cobro, control e intermediación para el posterior traslado irregular de inmigrantes a la península.

 

Las pesquisas se iniciaron después de detectarse la presencia reiterada de personas migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario situado en las inmediaciones de la barriada del Príncipe. La situación había generado alerta en los vecinos, ante la presencia de varias personas que pernoctaban en el suelo, en espacios destinados al estacionamiento de vehículos y sin condiciones adecuadas de habitabilidad.

 

En determinados momentos, el número de personas que habrían utilizado estas instalaciones como lugar de pernocta habría alcanzado alrededor de una veintena, circunstancia que habría permitido a los responsables obtener importantes ingresos económicos.

 

Según las declaraciones recabadas durante la investigación, algunos de estos alojamientos se ofrecían por cantidades próximas a 30 euros diarios, llegando alcanzar los 900 euros mensuales. Los inmigrantes habrían permanecido en plazas de garaje, trasteros y otros espacios que no reunían condiciones adecuadas.

 

Además, determinados elementos básicos para el descanso, como colchones o mantas, estarían condicionados al pago integro de las cantidades exigidas. También se habría cobrado entre cinco y diez euros por realizar una carga completa de los teléfonos móviles.

 

La investigación apunta a que la organización también habría ofrecido a los inmigrantes la posibilidad de trasladarse irregularmente a la península por cantidades que alcanzarían los 6.000 euros. Por desarrollar esta actividad, los integrantes de la red habrían asumido diferentes cometidos ya que, mientras algunos se ocupaban de localizar y captar a personas recién llegadas, otros gestionaban los pagos y realizaban los desplazamientos hasta los lugares de alojamiento además de labores de control sobre quienes permanecían en ellos.

 

Amenazas y coacciones

Durante la investigación adquirieron especial relevancia las manifestaciones realizadas por algunas personas localizadas, quienes señalaron haber recibido instrucciones para ocultarse y evitar el contacto con los agentes mientras esperaban la posibilidad de ser traslados a la península.

 

Asimismo, los testimonios recogidos apuntaron a la existencia de amenazas de muerte y coacciones dirigidas contra las víctimas con el objetivo de imponer la ley del silencio y evitar que pudieran declarar contra los responsables de la organización.

 

El dispositivo policial permitió localizar inicialmente a varios migrantes en situación irregular y personas especialmente vulnerables. Algunas de ellas reaccionaron con temor ante la presencia de los agentes que participaban en el operativo.

 

Posteriormente, varias personas decidieron colaborar voluntariamente con los investigadores y fueron trasladadas a dependencias policiales, donde prestaron declaración. Sus testimonios permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la red investigada y determinar las diferentes funciones que presuntamente desempeñaban sus integrantes. Como resultado de la operación, dos personas fueron detenidas en la localidad de Ceuta como presuntas responsables de los hechos investigados.

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