La Audiencia Nacional ha paralizado de forma provisional la instalación del dispositivo de acogida para migrantes previsto en el Puerto de Ceuta, después del recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El tribunal ha ordenado al Ministerio de Transportes que no continúe con la ejecución del proyecto hasta resolver la medida cautelar solicitada por la organización sindical, por lo que la decisión conocida este miércoles no supone todavía el rechazo definitivo del campamento, sino la suspensión temporal de las actuaciones.

El recurso del SUP se centra fundamentalmente en el emplazamiento elegido para el dispositivo. El Ministerio de Transportes había autorizado la utilización de unos 16.000 metros cuadrados del recinto portuario para habilitar un espacio temporal destinado a atender a cientos de migrantes, mientras que el sindicato policial sostiene que la ubicación requiere garantías específicas por las características del entorno y por la presencia en sus inmediaciones de instalaciones y servicios considerados estratégicos.

El  SUP no cuestiona únicamente la necesidad de disponer de más plazas de acogida, sino la decisión de situar ese recurso dentro del recinto portuario. El sindicato argumenta que antes de ponerlo en funcionamiento deben quedar acreditadas las condiciones de seguridad necesarias para afrontar posibles situaciones de emergencia, evacuaciones, incendios o alteraciones del orden público.

La organización sostiene además que la concentración de personas en ese espacio puede afectar a la actividad habitual de una zona en la que existe tránsito de mercancías y personas y en la que se localizan instalaciones vinculadas a servicios esenciales.

Precisamente, este miércoles, estaba previsto un operativo para comenzar el desalojo y traslado de parte de quienes permanecen en la Playa del Trampolín, aunque el Ministerio de Migraciones terminó aplazándolo.

El tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión solicitada por el SUP o permite que continúe la actuación administrativa. Hasta entonces, el Gobierno no podrá ejecutar la instalación en los términos afectados por la medida.