La Guardia Civil ha desmantelado un nuevo piso patera en plena Calle Real de Ceuta, donde fueron localizados 25 ciudadanos marroquíes, entre ellos dos mujeres y seis menores, y ha detenido a los propietarios del inmueble, hombre y mujer, ambos ciiudadanos españoles, como presuntos responsables de los hechos.

La intervención se ha desarrollado en el edificio situado en el número 91 de la calle Real, después de las pesquisas realizadas por el Servicio de Información de la Guardia Civil en Ceuta, que ha llevado el peso de una operación cuyo alcance podría ir más allá de la mera localización de los inmigrantes.

Los 23 marroquíes fueron trasladados a dependencias de la Benemérita para proceder a su identificación y a las comprobaciones pertinentes sobre su situación y las circunstancias en las que se encontraban alojados en el inmueble. También fueron trasladados los propietario,s que permanecen detenido a la espera de que se concreten las diligencias policiales.

Al detenido se le imputaría, al menos inicialmente, un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, mientras los investigadores tratan de determinar si detrás del alojamiento de estas personas existía además algún tipo de actividad lucrativa. En ese caso, la investigación podría incorporar nuevos elementos relacionados con la explotación del inmueble y el eventual cobro de cantidades por facilitar el alojamiento.

Especial interés adquiere en este operativo el trabajo desarrollado por el Servicio de Información, cuya participación apunta a que los agentes no se han limitado a intervenir ante una situación de hacinamiento, sino que pretenden esclarecer también quiénes son las personas localizadas en el piso, cómo llegaron hasta él y qué relación mantenían entre ellas y con los propietarios.

La identificación de los ocupantes será, por tanto, una de las principales líneas de las diligencias. La Guardia Civil deberá determinar si alguno de ellos cuenta con antecedentes, si se encontraba en situación irregular en España, cuándo accedió a Ceuta y si existe alguna conexión entre los integrantes del grupo o con posibles redes dedicadas a facilitar la entrada y permanencia de inmigrantes.

La operación vuelve a poner el foco en la utilización de viviendas ubicadas en zonas céntricas de Ceuta como alojamientos clandestinos y sobreocupados, una práctica que, además de las condiciones en las que puedan encontrarse sus ocupantes, puede estar relacionada con actividades de intermediación ilegal y obtención de beneficios económicos.

Las diligencias permanecen abiertas y será la investigación de la Guardia Civil la que determine las responsabilidades penales que finalmente puedan derivarse de los hechos.