El Gobierno de Ceuta ha negado cualquier trato de favor en los dos contratos de emergencia adjudicados el pasado 27 de agosto por un importe conjunto de 5,75 millones de euros para atender las necesidades de acogida de menores. La respuesta llega tras la información publicada por elDiario.es, que pone el foco en los vínculos familiares de personas relacionadas con las empresas adjudicatarias.

Uno de los contratos, por 3,26 millones de euros, fue adjudicado a Absercon para adecuar y hacer habitables espacios destinados a menores. El segundo, de 2,48 millones, correspondió a Ferretería Doncel para el suministro de mobiliario, electrodomésticos y productos de limpieza.

ElDiario.es señala que el administrador de Absercon es hermano de un asesor del Gobierno de Vivas, mientras que Ferretería Doncel está dirigida por un familiar del presidente del Puerto de Ceuta, Juan Manuel Doncel, antiguo miembro del Ejecutivo autonómico y persona próxima al presidente ceutí.

La Ciudad asegura que Juan Vivas no intervino en la selección de las empresas y que las propuestas partieron de los servicios técnicos. Según el Gobierno, los informes valoraron las necesidades generadas por la emergencia, la disponibilidad inmediata y la capacidad de las compañías para movilizar los recursos necesarios.

El Ejecutivo defiende además que la contratación se realizó mediante el procedimiento de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. La Ciudad sostiene que la llegada masiva de personas obligó a actuar con rapidez para habilitar espacios, adaptar instalaciones y disponer de equipamiento para los menores.

El Gobierno recuerda que la capacidad ordinaria de acogida era de 29 plazas y que el número de menores llegó a 800 el 30 de julio, frente a los 2.010 actuales. También señala que las actuaciones de emergencia se distribuyeron entre siete empresas con experiencia previa y capacidad de respuesta inmediata.

La Ciudad considera que elDiario.es presenta de forma "torticera, manipulada e interesada" unos contratos que, según sostiene, cuentan con controles técnicos, jurídicos y administrativos. El Ejecutivo niega que los vínculos familiares señalados hayan tenido influencia en las adjudicaciones y asegura que no existe ninguna irregularidad.

El Gobierno de Vivas sostiene, además, que el parentesco por sí solo no supone incompatibilidad ni conflicto de intereses y subraya que las personas mencionadas en la información no participaron en la elaboración de las propuestas, la tramitación de los expedientes ni la decisión sobre las empresas contratadas.