La Fiscalía de Ceuta ha solicitado formalmente que los juzgados de la ciudad autónoma se inhiban de las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, tras las denuncias y querellas presentadas por Manos Limpias, Hazte Oír y Vox, y que la investigación sea remitida a la Audiencia Nacional.

El Ministerio Público considera que los hechos denunciados, relacionados con la presunta falta de actuación ante los avisos recibidos antes de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio, guardan una relación directa con el procedimiento marco que ya instruye la jueza María Tardón sobre la crisis fronteriza de Ceuta.

La Fiscalía entiende, por tanto, que las actuaciones no deben investigarse como hechos independientes en los juzgados de la ciudad autónoma, sino que deben quedar integradas en la causa que analiza de manera global lo ocurrido durante aquella crisis migratoria.

Las acciones judiciales presentadas contra Pérez Triano atribuyen indiciariamente al delegado del Gobierno posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

El fondo de las denuncias se sitúa en los días previos a la entrada masiva desde Marruecos. Las acusaciones sostienen que existieron avisos y comunicaciones sobre el riesgo de una entrada de grandes dimensiones y cuestionan si desde la Delegación del Gobierno se adoptaron las medidas necesarias para prevenir o contener la situación.

La petición de la Fiscalía tiene, no obstante, un carácter estrictamente procesal. El Ministerio Público no está atribuyendo responsabilidad penal al delegado ni supone un pronunciamiento sobre su culpabilidad. La decisión sobre la eventual inhibición de los juzgados de Ceuta y la remisión de las actuaciones a la Audiencia Nacional corresponderá ahora a los órganos judiciales competentes.

La solicitud supone un nuevo movimiento judicial en torno a la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio, cuya investigación pretende concentrarse en un único procedimiento para determinar, entre otras cuestiones, qué información recibieron las autoridades, cuándo la recibieron y qué decisiones adoptaron ante las previsiones de una entrada masiva.