El Partido Popular llevará la próxima semana al Senado una iniciativa para instar al Gobierno de España a conceder temporalmente la condición de agentes de la autoridad a los militares desplegados en Ceuta, con el objetivo de reforzar sus capacidades de actuación y garantizarles una mayor protección jurídica mientras se mantiene la situación de excepcionalidad en la ciudad.

La propuesta responde también a una reivindicación formulada por asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, entre ellas ATME y UMT, después de los episodios de violencia registrados contra patrullas militares en barrios periféricos y zonas próximas a la frontera. El PP sostiene que los efectivos desplegados sobre el terreno deben contar con herramientas jurídicas acordes con las funciones que se les están encomendando.

La iniciativa plantea que, durante el periodo en el que se mantenga esta situación, los militares puedan actuar en coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil con mayores garantías jurídicas. Entre las facultades que contempla se encuentran dar órdenes a civiles, realizar identificaciones, efectuar retenciones preventivas en determinadas circunstancias, restringir pasos y establecer cordones de seguridad cuando resulte necesario para preservar la seguridad.

La condición de agente de la autoridad supondría además una mayor protección frente a posibles agresiones. Los populares defienden que los informes, declaraciones y denuncias de los militares puedan contar con la correspondiente presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, mientras que las agresiones contra estos efectivos podrían quedar encuadradas, cuando concurran los requisitos legales, como delitos de atentado contra la autoridad.

El PP fundamenta su propuesta en la normativa que regula la Defensa Nacional, la Carrera Militar y la seguridad en el ámbito de las Fuerzas Armadas y sostiene que el Gobierno dispone de mecanismos para establecer de forma temporal un régimen específico que permita a los militares desplegados desempeñar determinadas funciones de seguridad con una cobertura jurídica reforzada.

Más medios para frontera y seguridad

La petición forma parte de un paquete más amplio de medidas que el Partido Popular viene reclamando para Ceuta ante la persistencia de la presión migratoria y el deterioro de la seguridad. Entre ellas figura el despliegue inmediato de Frontex, el refuerzo del perímetro fronterizo mediante su prolongación mar adentro desde el entorno del espigón del Tarajal y la consolidación de los efectivos de Guardia Civil, Policía Nacional y unidades de Extranjería.

Los populares reclaman igualmente más recursos para los servicios sanitarios, jueces y fiscales que están afrontando las consecuencias de la situación y una modificación legislativa para extender el régimen de rechazo en frontera a las entradas irregulares por vía marítima.

El PP considera que los militares que actualmente prestan servicio en Ceuta no pueden quedar expuestos a situaciones de riesgo sin disponer de una cobertura jurídica suficiente. La formación reclama que, si el Gobierno considera necesario recurrir a las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad de la ciudad, también debe proporcionarles los medios y garantías necesarios para desarrollar su misión.

Más de 45 días después de las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio, el PP sostiene que la crisis no está resuelta y que la respuesta del Ejecutivo continúa llegando tarde. Los populares exigen al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ceuta, de sus ciudadanos y de los agentes y militares desplegados sobre el terreno.

La iniciativa que llegará al Senado pretende situar precisamente esa cuestión en primer plano: si el Estado mantiene a sus militares desplegados para reforzar la seguridad de Ceuta, el PP considera que debe dotarlos también de la protección jurídica necesaria para cumplir su cometido.