La situación de los policías desplazados a Ceuta para reforzar la seguridad durante la crisis migratoria vuelve a poner en cuestión la gestión del Ministerio del Interior. Mientras los agentes denuncian que siguen siendo alojados en condiciones que consideran indignas, con colchones deteriorados y problemas en las instalaciones, los dispositivos destinados a atender a los inmigrantes reciben material nuevo para afrontar las necesidades de acogida.

El contraste resulta especialmente difícil de explicar para las organizaciones representativas de los agentes. Los policías que han sido enviados a la ciudad para reforzar los servicios de seguridad se encuentran sometidos a jornadas de especial intensidad y a una labor marcada por la presión migratoria, la conflictividad y el incremento de las necesidades operativas. Sin embargo, parte de estos efectivos continúa teniendo problemas para disponer de un alojamiento adecuado y de unas condiciones mínimas de descanso.

La situación ha sido denunciada públicamente por la Confederación Española de Policía (CEP), y también duramente por JUPOL que han criticado que el Ministerio del Interior mantenga a agentes desplazados en alojamientos que considera impropios para quienes deben garantizar la seguridad de la ciudad.

El problema es grave porque el descanso de los agentes no es una cuestión accesoria. En un escenario de elevada presión operativa, disponer de unas condiciones adecuadas para dormir y recuperarse constituye una necesidad básica para que los policías puedan afrontar con garantías sus turnos y actuaciones.

Frente a esta situación, el dispositivo de acogida de inmigrantes ha incorporado equipamiento nuevo destinado a atender las necesidades de las personas trasladadas a los diferentes recursos habilitados en Ceuta. La diferencia entre ambas realidades ha generado un profundo malestar entre los agentes y sus representantes y, desde luego marca un detalle que no pasa desapercibido a una ciudadanía cansada de la inacción eficiente en la defensa de los derechos constitucionales de los ceuties.

Una comparación indignante

El debate no se plantea, según las organizaciones policiales, sobre si los inmigrantes deben disponer de unas condiciones dignas de acogida. La cuestión es otra: cómo puede el Gobierno Sánchez garantizar material nuevo para quienes llegan a los dispositivos de emergencia mientras mantiene a los policías encargados de proteger la ciudad en instalaciones y alojamientos que llevan semanas siendo denunciados por su precariedad.

La comparación se ha convertido en uno de los principales motivos de indignación entre los agentes destinados a Ceuta, y de los ceuties -los mayores defensores de las FyCSE- conocedroes de esta situacion. Quienes están en primera línea consideran que Interior debería garantizarles antes que nada unas condiciones adecuadas de trabajo, descanso y alojamiento.

La situación resulta todavía más paradójica después de la crisis del 30 y 31 de julio, cuando miles de personas entraron en la ciudad y fue necesario desplegar refuerzos policiales y militares. Desde entonces, Ceuta continúa soportando una elevada presión sobre sus servicios públicos y sobre sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Marlaska, en el punto de mira

Las críticas se dirigen directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya gestión de los refuerzos desplegados en Ceuta está siendo cuestionada por las organizaciones policiales y por los ceutíes.

Los sindicatos reclaman que Interior deje de considerar los alojamientos de los agentes como una cuestión secundaria y acometa de forma inmediata las actuaciones necesarias para garantizar unas condiciones dignas.

La denuncia llega además en un momento especialmente delicado para los cuerpos policiales. Los agentes destinados a Ceuta deben afrontar una situación de tensión fronteriza, nuevas convocatorias procedentes de Marruecos, dispositivos extraordinarios de seguridad y un incremento de las actuaciones relacionadas con la presión migratoria.

En estas circunstancias, mantener a efectivos desplazados lejos de sus domicilios en alojamientos deteriorados supone, a juicio de sus representantes, añadir una dificultad innecesaria a un servicio que ya se desarrolla bajo una fuerte presión.

La imagen que deja esta situación es difícil de asumir: policías enviados a Ceuta para proteger a la población que tienen problemas incluso para disponer de un lugar digno donde descansar, mientras los dispositivos de acogida reciben equipamiento nuevo.

Más allá de la polémica política, el asunto plantea una cuestión básica de gestión: si el Estado exige a sus agentes que trabajen al límite para garantizar la seguridad, también debe proporcionarles los medios y las condiciones necesarias para hacerlo. Mantener lo contrario supone trasladar a los propios policías el coste de una crisis que corresponde gestionar al incapaz Ministerio del Interior.