Hazte Oír ha ampliado por segunda vez su querella contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dentro de las diligencias abiertas para determinar si las autoridades actuaron correctamente ante las informaciones y alertas recibidas antes de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio.

La organización sostiene que existen elementos que deben ser esclarecidos judicialmente para determinar si la actuación del delegado pudo incurrir en omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y prevaricación por omisión. El procedimiento se centra especialmente en qué información llegó a la Delegación del Gobierno antes de la crisis y qué decisiones se adoptaron posteriormente.

El movimiento judicial llega después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta admitiera la querella de Hazte Oír contra Pérez Triano y la incorporara a las diligencias previas 473/2026, ya abiertas a raíz de una acción judicial de Manos Limpias. El juzgado reconoció además a Hazte Oír la condición de acusación popular.

El foco, en las alertas del CNI del 29 de julio

Uno de los principales elementos de la querella es la información que el Centro Nacional de Inteligencia trasladó el 29 de julio al entorno de la Delegación del Gobierno, apenas un día antes del inicio de la entrada masiva.

El hecho de que ya haya trascendido la existencia de comunicaciones entre un funcionario del CNI y el jefe de gabinete del delegado es el motivo de la ampliación de la querella. Pérez Triano ha sostenido que no tuvo conocimiento de esas advertencias, una versión que se encuentra bajo escrutinio político y judicial a medida que aparecen nuevos documentos y testimonios sobre la cadena de comunicaciones existente en la Delegación y las propias palabras en la dimision del Jefe del Gabinete en el día de ayer.

Hazte Oír pretende precisamente que el juzgado determine quién recibió la información, cuándo la recibió, qué contenido tenía y qué traslado se hizo de ella al máximo responsable de la Administración General del Estado en Ceuta.

Once nuevas diligencias para reconstruir la actuación de la Delegación

En su segunda ampliación, la asociación solicita al juzgado una batería de once diligencias destinadas a reconstruir las comunicaciones y decisiones adoptadas durante los días posteriores a la entrada masiva.

Entre sus peticiones figura la conservación de los correos electrónicos, mensajes, registros de llamadas, partes y copias de seguridad de los dispositivos y buzones institucionales del delegado y de su gabinete. La acusación reclama que estos datos sean preservados y que se identifique a los responsables de su custodia.

También solicita que Pérez Triano explique qué órdenes impartió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo su responsabilidad desde el 1 de agosto y qué medidas adoptó ante el deterioro de la situación migratoria y de seguridad registrado en la ciudad.

La querella pone además el foco en las denuncias formuladas por organizaciones sindicales policiales sobre un supuesto bloqueo de las peticiones de refuerzo y de las actuaciones policiales durante la crisis. Hazte Oír pide que se incorporen al procedimiento las solicitudes realizadas por las unidades policiales y las respuestas recibidas por parte de la Delegación o, en caso de que no existieran, que se certifique esa circunstancia.

La investigación judicial sobre la invasión ya está en la Audiencia Nacional

La ofensiva judicial contra el delegado se produce paralelamente a una investigación de mayor alcance en la Audiencia Nacional, donde la magistrada María Tardón ha asumido la causa sobre la invasión de los días 30 y 31 de julio.

La jueza ha apreciado indicios de delitos que podrían afectar a la paz o independencia del Estado, además de delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, homicidio imprudente y organización criminal. En su resolución sostiene que existen indicios de que la operación no fue un fenómeno espontáneo y que desde Marruecos pudo existir una actuación organizada y favorecedora del movimiento de personas hacia Ceuta.

En esa causa han sido admitidas como acusaciones populares, entre otras organizaciones, Hazte Oír, el Partido Popular y Vox, mientras que el Gobierno central ha anunciado su intención de personarse como acusación particular en defensa del Estado.

La investigación sobre Pérez Triano discurre, sin embargo, por un cauce diferente y tiene un objeto mucho más concreto: determinar si las autoridades españolas en Ceuta actuaron con la diligencia exigible ante la información disponible antes y durante la crisis.

El avance de las diligencias examinará judicialmente no solo la actuación de quienes pudieron organizar o facilitar la entrada masiva desde Marruecos, sino también la respuesta de las autoridades españolas encargadas de prevenirla y gestionarla.

Por tanto Triano, su Gabinete y elementos de la Seguridad Publica y del Estado deberá responder, qué sabía la Delegación del Gobierno antes del 30 de julio, quién lo sabía, qué se comunicó al delegado y qué decisiones se adoptaron con esa información. Será la investigación judicial la que determine si de esas actuaciones —o de su eventual ausencia— se desprende alguna responsabilidad penal.