La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que, 42 días después del asalto migratorio del 30 de julio, parte de los policías nacionales desplazados a Ceuta para reforzar el dispositivo de seguridad continúan alojados en unas instalaciones que el sindicato califica de «tercermundistas», pese a que Interior conoce desde hace semanas las condiciones y las reclamaciones formuladas por los agentes.

Según la denuncia difundida este jueves por la organización sindical, efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) siguen descansando en dependencias del acuartelamiento Teniente Fuentes Pila, del Regimiento Mixto de Artillería nº 30, con colchones deteriorados y almohadas con manchas, además de literas envejecidas y ventanas corroídas.

La CEP recuerda que ya denunció públicamente estas condiciones el pasado 18 de agosto, por lo que considera que Interior ha tenido tiempo suficiente para sustituir el material deteriorado o buscar un alojamiento alternativo.

«Si los policías siguen alojados así es porque quienes tienen que resolverlo han permitido que la situación se prolongue», sostiene el sindicato, que acusa directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de consentir una situación que considera incompatible con el trato que merecen los funcionarios desplazados.

La organización incide además en que los agentes llevan semanas fuera de sus domicilios y familias, desempeñando servicios extraordinarios y sometidos a una elevada exigencia operativa. Para la CEP, proporcionarles unas condiciones mínimas de descanso no debería plantear ninguna dificultad a un Ministerio que ha sido capaz de movilizar efectivos desde distintos puntos de España.

Dos casos de sarna y dudas sobre la prevención

La denuncia adquiere mayor gravedad, según la CEP, por los dos casos de sarna reconocidos por la propia Administración entre funcionarios desplazados y por las actuaciones de limpieza y desinfección comunicadas posteriormente.

El sindicato critica que, pese a estos antecedentes y a las condiciones denunciadas, una de las respuestas recibidas de Interior considere que no procede realizar una inspección preventiva de riesgos laborales.

La CEP reclama una inspección presencial urgente de las instalaciones y cuestiona que Interior se escude en que el acuartelamiento no pertenece a la Dirección General de la Policía.

«La titularidad del edificio no cambia quién ha enviado allí a los policías ni quién debe procurarles un alojamiento adecuado», sostiene la organización, que exige el realojo inmediato de los agentes afectados, la sustitución de colchones y almohadas deteriorados y la identificación de los responsables de haber permitido que las condiciones se mantengan después de las denuncias.

«El Gobierno desacredita a quienes avisaron»

La CEP vincula esta situación con otro asunto que considera todavía más grave: la respuesta del Gobierno ante las informaciones que han ido apareciendo sobre los avisos previos al asalto de Ceuta.

Tras la documentación desclasificada por el Consejo de Ministros y publicada por Moncloa, el sindicato sostiene que ha quedado acreditado que policías nacionales, guardias civiles y miembros del CNI realizaron labores de detección y transmitieron información antes de los acontecimientos del 30 de julio.

La organización considera «escandaloso» que el Ejecutivo cuestione ahora el valor de esas advertencias alegando que no permitían anticipar la magnitud exacta de la entrada.

La CEP resume con ironía su posición: no era necesario conocer el número exacto de personas que iban a entrar para tomar en serio una alerta sobre un posible asalto fronterizo.

El sindicato denuncia así una evolución en las explicaciones oficiales: primero se habría cuestionado la existencia de informes; después, el traslado de la información a los responsables políticos; posteriormente, el carácter informal de algunas comunicaciones y, finalmente, la falta de precisión suficiente sobre la magnitud del ataque.

Para la CEP, esta sucesión de argumentos termina trasladando sobre los profesionales de seguridad y de inteligencia una responsabilidad que corresponde a quienes tenían que recibir, valorar y convertir esas advertencias en decisiones políticas y operativas.

«La reputación de los profesionales no puede salvar la de un ministro»

La organización considera especialmente grave que policías, guardias civiles y personal del CNI queden sometidos a sospecha mientras el Gobierno intenta defender su actuación durante la crisis.

«El Gobierno debe explicar qué hizo con la información disponible, qué decisiones adoptó y por qué resultaron insuficientes», reclama la CEP.

El sindicato sostiene que los profesionales de seguridad pública y del Estado tienen obligaciones de reserva y una capacidad limitada para responder públicamente a las críticas políticas, circunstancia que, a su juicio, estaría siendo aprovechada por el Ejecutivo para proteger su propia gestión.

La CEP reclama por ello la dimisión de Marlaska y afirma que los agentes que afrontaron sobre el terreno la crisis de Ceuta no pueden terminar siendo los responsables del fracaso de las decisiones políticas.

«Ellos advirtieron del peligro y, cuando llegó, fueron los compañeros desplegados en Ceuta quienes tuvieron que afrontarlo», concluye el sindicato, que resume su posición en una frase: «La dignidad de nuestros compañeros vale más que la carrera política».