Las palabras pronunciadas ayer por el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, dejan una de las mayores paradojas de la crisis que sigue sufriendo la ciudad desde los días 30 y 31 de julio. Los documentos desclasificados por el Gobierno han acreditado que el Centro Nacional de Inteligencia comunicó a la Delegación del Gobierno la existencia de convocatorias para entrar en Ceuta por mar y por la valla. El CNI llegó a precisar que dos grupos sumaban unos 180.000 seguidores y que existía información sobre un intento de entradas al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos.

El delegado, sin embargo, sostiene ahora que aquello no fue una alerta, que la información no aportaba nada nuevo y que él personalmente no recibió aquel mensaje porque fue enviado a su jefe de Gabinete. Pérez Triano ha insistido además en que las verdaderas alertas del CNI se transmiten por otros cauces y a otros organismos.

Es una explicación que plantea más preguntas de las que resuelve. Porque el problema no es exclusivamente si aquel WhatsApp llevaba la consideración administrativa de «alerta formal». El problema es que el organismo encargado de representar al Gobierno de España en Ceuta tuvo conocimiento, a través de su Gabinete, de una información procedente del servicio de inteligencia del Estado que advertía de una operación de entrada por mar y por la valla prevista para el día siguiente.

Por tanto, ¿qué hizo la Delegación con esa información?

El CNI no tiene como misión decidir qué medidas policiales debe adoptar la Delegación. Su función es obtener información, analizar riesgos y trasladar aquello que puede resultar relevante para la seguridad nacional a quienes tienen capacidad para actuar. En este caso, el servicio de inteligencia detectó las convocatorias, identificó los canales utilizados, advirtió del alcance de los grupos y comunicó la información a distintos actores obvios en sus traslados de informacion, pero ademas, entre ellos, a la Guardia Civil en Ceuta y la propia Delegación.

Es precisamente por eso por lo que resulta difícil aceptar como explicación suficiente que «todo el mundo sabía» que existían convocatorias en redes sociales. Corto, muy corto. Si se sale a explicar, se explica y no se aparece como aparente víctima cabreada tratada con injusticia.

Si todo el mundo lo sabía, la pregunta siguiente es todavía más sencilla: ¿qué hizo el Estado con lo que sabía?

La información del CNI tenía precisamente el valor añadido de convertir una impresión general en información de inteligencia: señalaba convocatorias concretas, fechas, modalidades de entrada y el enorme alcance de los grupos que las difundían. Que posteriormente el fenómeno adquiriese una dimensión que nadie consiguió anticipar no invalida la información previa. De hecho, el propio CNI ha reconocido que no logró prever la magnitud y la naturaleza extraordinarias de lo ocurrido. Pero su labor es esa, de Inteligencia y realizar prospectivas que ayuden a tomar decisiones.

El hecho de escudarse en que el CNI no dijo que el día 30 de julio a las 10.00 horas se iba a producir la entrada masiva de más de 80.000 personas no puede convertirse, sin embargo, en una explicación para dejar sin valor los avisos que sí existieron.

Once minutos que nadie termina de explicar

Hay un elemento especialmente difícil de encajar en la versión del delegado: la llamada de aproximadamente once minutos que siguió a los mensajes. Pérez Triano asegura que no conocía personalmente aquella conversación y que fue una comunicación entre un funcionario del CNI y un miembro de su equipo. A preguntas sobre qué se habló durante esos once minutos, su respuesta se sitúa en una posición difícil de comprender desde el punto de vista de la responsabilidad de una Administración: no saber qué se dijo en una conversación mantenida por un relevante integrante de su Gabinete con el servicio de inteligencia del Estado en vísperas de una crisis fronteriza de extraordinarias consecuencias.

Aquí es donde la cuestión deja de ser una discusión sobre protocolos y entra de lleno en el terreno de la responsabilidad política. ¿Cómo puede el máximo representante del Gobierno de España en Ceuta no saber de qué se habló durante once minutos entre su propio Gabinete y el CNI cuando esa conversación se produce en vísperas de un posible asalto a la frontera?

Y, si efectivamente no lo sabía, la pregunta cambia ligeramente, pero no desaparece: ¿por qué su estructura de confianza no consideró necesario informarle?

La responsabilidad de un delegado del Gobierno no consiste únicamente en recibir personalmente cada comunicación. Consiste también en garantizar que la información relevante que llega a su estructura sea conocida, evaluada y trasladada a quienes tienen que adoptar decisiones. La Delegación es, precisamente, uno de los principales instrumentos territoriales del Gobierno de la Nación y un punto esencial para la coordinación de la Administración General del Estado.

Por eso resulta especialmente desafortunado que, ante las dudas surgidas, la respuesta consista en señalar al CNI por no haber utilizado el canal que la Delegación considera adecuado.

El organismo que debía coordinar no puede limitarse a decir que no sabía

La Delegación del Gobierno no es un espectador de la seguridad de Ceuta. Es una pieza esencial de la coordinación de la Administración General del Estado en la ciudad. Por sus manos pasan las responsabilidades de Interior, la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y buena parte de la interlocución entre los diferentes organismos estatales.

Por eso, ante una información de esta naturaleza, la reacción esperable no debería ser discutir si el mensaje era técnicamente una «alerta» o una «conversación informal». La reacción lógica de una estructura responsable es comprobarla, contrastarla (aunque ya lo está viniendo del CNI), elevarla y adoptar las medidas preventivas que correspondan.

Incluso admitiendo la tesis del delegado de que el CNI no anticipó la magnitud de la avalancha, resulta difícil convertir esa circunstancia en un reproche contra quien avisó. Lo que los documentos muestran es que detectó una amenaza concreta y la comunicó.

Lo verdaderamente preocupante sería que, una vez recibida esa información, la cadena de coordinación del Estado no funcionase como debía.

La tragicomedia de las responsabilidades

Si no fuera por extrema situación que está padeciendo Ceuta, hay algo casi tragicómico en la situación que queda después de escuchar las explicaciones del delegado: el CNI avisa, la Delegación recibe la comunicación a través de su Gabinete, existe una llamada de once minutos, después se produce la mayor entrada masiva de la historia reciente de Ceuta y, cuando se piden explicaciones, el debate termina convertido en una discusión sobre si aquello era un WhatsApp, una alerta formal o una conversación. ¡Qué nivel!

Mientras tanto, las consecuencias no las están pagando los despachos en los que se discute quién avisó y por qué canal. Las están pagando los ceutíes.

Las consecuencias siguen presentes en la ciudad, en la presión sobre los servicios públicos, en la seguridad, en la convivencia, en la saturación de los recursos de acogida, en la situación de los menores, en la actividad económica y en la incertidumbre de una población que todavía intenta comprender cómo pudo producirse una entrada de semejantes dimensiones. La crisis no terminó cuando acabó la avalancha. Sus efectos permanecen.

Por eso la discusión sobre los avisos del CNI no debería servir para construir un relato exculpatorio para nadie. La Delegación no puede refugiarse en que el mensaje no tenía la etiqueta formal de «alerta».

Lo que corresponde averiguar es mucho más elemental: qué información llegó, quién la recibió, quién la comunicó, quién decidió qué hacer con ella y por qué la respuesta del Estado no estuvo a la altura del riesgo que finalmente se materializó.

Y sobre todo, hay una pregunta que las palabras de Pérez Triano de ayer no consiguen despejar: si el CNI y un miembro de su Gabinete mantuvieron una conversación de once minutos el 29 de julio sobre la situación fronteriza, ¿cómo pudo el delegado no saber —o decir que no sabía— qué se habló en ella?

Esa pregunta no es una cuestión semántica. Es una cuestión de responsabilidad. Si la Delegación es la gran antena del Gobierno de España en Ceuta, alguien tenía que escuchar la señal. Y si la señal llegó, alguien tendrá que explicar por qué no se actuó en consecuencia.