El vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, ha defendido este martes la posición mantenida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma respecto a la búsqueda de emplazamientos para la acogida temporal de inmigrantes y ha asegurado que todas las alternativas analizadas se han sometido a criterios técnicos, operativos y de seguridad establecidos en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta.

Las explicaciones de Ramírez llegan en plena polémica política sobre la utilización de terrenos de la explanada portuaria y después de que hayan surgido informaciones y documentos relativos a las reuniones mantenidas en el marco de la gestión de la crisis.

El vicepresidente ha aclarado que las parcelas situadas en el Puerto fueron planteadas inicialmente por Puertos del Estado dentro del proceso abierto para localizar posibles espacios destinados a instalar recursos temporales de acogida. Sin embargo, ha insistido en que la posición de la Ciudad Autónoma siempre fue que cualquier emplazamiento debía contar con el respaldo previo de los correspondientes informes técnicos.

“Las parcelas de la explanada portuaria fueron propuestas por Puertos del Estado, pero siempre hemos defendido que cualquier emplazamiento debe analizarse desde el punto de vista técnico y de la seguridad, tal y como establece el Real Decreto 681/2026”, ha señalado.

Los informes de la Autoridad Portuaria, determinantes

Ramírez ha precisado que, en el caso concreto de los terrenos portuarios, los informes emitidos por la Autoridad Portuaria resultaron desfavorables. Un criterio técnico que, según ha defendido, determina la posición actual del Ejecutivo ceutí frente a la instalación de un recurso de acogida en esa zona.

El vicepresidente ha advertido de que la implantación de una infraestructura de estas características podría generar riesgos para el funcionamiento de una instalación considerada estratégica para Ceuta.

“Los informes técnicos del Puerto fueron negativos y, por tanto, no podemos estar de acuerdo con la utilización de esas parcelas. Hablamos de una infraestructura crítica y de especial sensibilidad operativa, por lo que la seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra consideración”, ha afirmado.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad trata de marcar una línea clara entre la participación institucional en la búsqueda de alternativas y la decisión final sobre cada uno de los emplazamientos estudiados: la aceptación de cualquier ubicación, sostiene Ramírez, quedaba condicionada a su viabilidad técnica y a las garantías de seguridad.

Calamocarro y el Tarajal, entre las alternativas planteadas

El vicepresidente primero ha recordado igualmente que la Ciudad Autónoma trasladó al Gobierno central otras posibilidades situadas fuera del núcleo urbano. Entre ellas se encontraban el antiguo campamento de Calamocarro y las naves del Tarajal.

Estas alternativas fueron analizadas dentro del proceso de búsqueda de terrenos, aunque finalmente fueron descartadas por los servicios técnicos del Ministerio competente tras estudiar su viabilidad.

“En todos los casos hemos actuado con responsabilidad y colaboración institucional, aportando alternativas y respetando siempre las decisiones sustentadas en criterios técnicos. Nuestra posición respecto a los terrenos portuarios responde exclusivamente a los informes emitidos por los organismos competentes”, ha añadido.

Las declaraciones de Ramírez suponen, además, un intento de responder a las críticas surgidas en los últimos días sobre el papel desempeñado por el Gobierno de Juan Vivas en la selección de posibles ubicaciones para atender la emergencia migratoria.

La Ciudad defiende ahora que su participación se produjo dentro de un marco de colaboración institucional y de búsqueda de soluciones, pero insiste en que esa colaboración no implica respaldar automáticamente cualquiera de los terrenos incluidos en las propuestas iniciales.

Colaboración, pero con límites

Ramírez ha reiterado finalmente que el Gobierno ceutí mantendrá su colaboración con la Administración General del Estado en la gestión de una crisis que continúa condicionando la actividad de la ciudad.

No obstante, ha subrayado que esa cooperación debe desarrollarse sin comprometer la seguridad, el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas ni la convivencia ciudadana.

La posición expresada este martes por el vicepresidente primero sitúa, por tanto, el debate en el terreno de los informes técnicos. La Ciudad sostiene que participó en la búsqueda de alternativas y que las parcelas del Puerto estuvieron sobre la mesa porque fueron propuestas por Puertos del Estado, pero defiende que el rechazo actual responde a un elemento posterior y determinante: los informes desfavorables emitidos por la propia Autoridad Portuaria.

Una explicación con la que el Ejecutivo de Vivas intenta aclarar su posición en una controversia que, lejos de cerrarse, continúa alimentando el enfrentamiento político sobre quién conocía, propuso o avaló cada una de las alternativas planteadas para hacer frente a la emergencia en Ceuta.