CCOO de Ceuta ha reclamado al Gobierno de España un incremento inmediato de la indemnización por residencia que perciben las empleadas y empleados públicos destinados en la ciudad autónoma, así como que la subida tenga carácter retroactivo desde el pasado 1 de agosto. La organización sindical asegura que trasladó formalmente esta petición al vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante el encuentro que mantuvo con él en Ceuta el pasado 25 de agosto.

El sindicato recuerda que la revisión al alza de esta indemnización durante 2026 forma parte de los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, suscrito por CCOO, UGT y CSIF en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Para la organización, este compromiso debe traducirse ahora en una actualización efectiva de las cantidades que reciben los trabajadores públicos destinados en Ceuta y Melilla.

CCOO considera, además, que la aplicación retroactiva desde el 1 de agosto está justificada por la situación social y económica que atraviesa actualmente la ciudad autónoma. El secretario general de CCOO Ceuta, Ángel Lara, ha defendido el papel de los empleados públicos y ha señalado que quienes están garantizando el funcionamiento de los servicios públicos en unas circunstancias especialmente complicadas merecen no solo el reconocimiento social, sino también medidas que mejoren sus condiciones laborales.

La organización sindical sostiene que el incremento de la indemnización por residencia puede desempeñar un papel fundamental para atraer y retener profesionales en Ceuta. Según CCOO, la medida contribuiría a paliar el déficit de trabajadores existente en determinados sectores y permitiría hacer más atractivos los puestos de trabajo públicos en la ciudad, especialmente en un contexto marcado por las dificultades para cubrir determinadas plazas.

CCOO vincula esta necesidad con el deterioro de las condiciones de vida y de la imagen de Ceuta desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio. El sindicato advierte de que esta situación puede generar mayores dificultades para captar profesionales si no se adoptan de manera inmediata incentivos económicos y laborales capaces de compensar las especiales circunstancias de la ciudad. En este sentido, considera la indemnización por residencia una herramienta necesaria para reforzar la permanencia de trabajadores públicos.