El portavoz y presidente de VOX en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha advertido de que la situación en la ciudad autónoma, “lejos de mejorar”, continúa empeorando. “La situación se degrada por días, puedo decir incluso por horas”, ha insistido. Redondo ha asegurado que Ceuta se encuentra “asediada”, “ocupada” e “invadida por más de 20.000 personas” y ha alertado de que esta cifra podría aumentar.

Redondo ha explicado que continúan apareciendo nuevos asentamientos, algunos de ellos en zonas que, según ha señalado, ni siquiera están controladas por las autoridades. Asimismo, ha denunciado la “situación extrema” que sufren los vecinos de las barriadas periféricas y el “miedo permanente” de los ceutíes, que afrontan el comienzo del periodo escolar en unas circunstancias “totalmente críticas y dramáticas".

Asimismo, el presidente de VOX Ceuta ha responsabilizado de esta situación a la “incapacidad” y la “incompetencia manifiesta” del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de tratar lo sucedido como una crisis migratoria y de ignorar que Marruecos estaba detrás de la invasión. También ha denunciado la “connivencia” del Gobierno de Juan Vivas con el PSOE y ha defendido que es necesario mantener la presión política y judicial hasta alcanzar el objetivo de “liberar Ceuta de esos invasores y poner al Reino de Marruecos en el sitio que le corresponde”.

Por su parte, el coordinador nacional jurídico de VOX, Jorge Buxadé, ha repasado las actuaciones emprendidas por la formación desde el 30 de julio, entre ellas las preguntas parlamentarias dirigidas a los ministerios implicados; la exigencia de reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, Canarias y el resto de plazas de soberanía española en el norte de África; la solicitud de ruptura del Tratado de Amistad con Marruecos; y las iniciativas promovidas ante las instituciones europeas. 

También ha recordado las denuncias presentadas ante los juzgados de instrucción de Ceuta y la Audiencia Nacional, así como la personación de VOX como acusación popular.

Buxadé ha anunciado además la presentación de una querella contra Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y el secretario de Estado de Seguridad por presuntos delitos de “prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro, homicidio y lesiones en grado de imprudencia” y “colaboración con el terrorismo”. 

Finalmente, ha insistido en la necesidad de que los diputados del Congreso respalden la activación del artículo 102 de la Constitución para formular una acusación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno responsables.