El enfrentamiento institucional entre el Gobierno de España y la Ciudad Autónoma de Ceuta por la instalación de un campamento para inmigrantes en terrenos portuarios ha dado un nuevo giro. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido, a través de informaciones publicadas por El País, que la utilización del Puerto para levantar un dispositivo de acogida no fue una decisión improvisada ni unilateral, sino una alternativa que había sido previamente pactada con la Ciudad Autónoma y que Juan Vivas habría terminado rechazando cuando comenzaron las protestas sociales.

Según la versión trasladada por fuentes gubernamentales al diario nacional, el realojo de inmigrantes en la zona portuaria había sido acordado inicialmente con las autoridades ceutíes. Sin embargo, la posición habría cambiado en el último momento, coincidiendo con el incremento de la contestación vecinal y política contra la instalación del campamento en el Muelle de Poniente.

El País recoge expresamente que «el realojo del puerto estaba pactado con la ciudad», aunque finalmente la representación de la Ciudad Autónoma rechazó la iniciativa en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. 

La respuesta del Gobierno llega después de que el Ejecutivo central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, decidiera asumir directamente el control de una parcela de aproximadamente 16.000 metros cuadrados en el recinto portuario para instalar un dispositivo temporal con capacidad para más de un millar de personas.

La medida supone un choque sin precedentes recientes entre ambas administraciones. La Autoridad Portuaria rechazó la utilización de esos terrenos para el asentamiento, con la oposición de los representantes de la Ciudad Autónoma y del tejido económico, mientras que los representantes de la Administración General del Estado defendieron la necesidad de habilitar urgentemente un espacio para aliviar la presión migratoria que continúa sufriendo Ceuta.

Desde la óptica del Gobierno central, la negativa de Vivas supone un cambio de criterio respecto a negociaciones previas. La tesis que ahora traslada Moncloa es que la Ciudad Autónoma había participado en la búsqueda de emplazamientos y había aceptado inicialmente la solución del Puerto, pero que la creciente movilización ciudadana contra los asentamientos próximos a zonas residenciales y empresariales habría condicionado posteriormente la decisión política.

El propio diario El País ya había informado semanas atrás de que las relaciones entre ambas administraciones se habían deteriorado precisamente por la búsqueda de espacios para realojar a las personas que permanecían en las calles. En aquella información se señalaba que Vivas rechazaba determinados emplazamientos céntricos alegando las quejas de los vecinos y también mostraba su oposición a utilizar el recinto portuario. 

La cuestión adquiere ahora una dimensión política mayor porque el Gobierno ha decidido actuar pese al rechazo expresado formalmente por la Autoridad Portuaria. El Ejecutivo considera que la excepcionalidad de la crisis y la declaración de interés para la Seguridad Nacional justifican su intervención directa, mientras que desde Ceuta se insiste en que el Puerto no reúne las condiciones adecuadas para convertirse en un gran espacio de acogida.

La versión difundida a través de El País introduce, por tanto, un elemento nuevo en el pulso político: el Gobierno intenta desmontar el argumento de que Madrid ha impuesto unilateralmente el campamento y sitúa el foco en un acuerdo previo del que Vivas se habría desmarcado posteriormente.

La batalla por el Puerto se convierte así también en una batalla por el relato. De un lado, la Ciudad Autónoma, empresarios, comerciantes y vecinos denuncian que el Estado ha decidido imponer un asentamiento en pleno corazón económico de Ceuta. Del otro, el Gobierno sostiene que la solución había sido previamente consensuada y que la resistencia institucional apareció después, cuando la contestación ciudadana comenzó a crecer.

Mientras tanto, la intervención directa ordenada desde Madrid mantiene abierto un conflicto político e institucional que amenaza con profundizar todavía más la fractura entre el Gobierno central y las instituciones ceutíes en plena crisis migratoria.  Todavía Sánchez puede castigar a Vivas, por cambiar de opinion, ubicando un nuevo campamento en zonas como el Brulll o el antiguo Parque de Artillería, propiedad de la Guardia Civil.