La decisión del Gobierno central de intervenir terrenos del Puerto de Ceuta para instalar un campamento con capacidad para más de un millar de inmigrantes ha provocado una nueva oleada de rechazo político, empresarial y social. Hazte Oír ha denunciado este sábado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende trasladar “el caos provocado por la invasión de Ceuta al corazón de la ciudad”, después de imponer la ocupación temporal de 16.000 metros cuadrados del Muelle de Poniente.

La organización responsabiliza directamente al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, de una decisión que sitúa el futuro dispositivo de acogida a escasos 200 metros del centro urbano y en una zona considerada estratégica para la actividad económica y logística de la ciudad.

La medida llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria rechazara la ubicación propuesta por el Estado por una amplia mayoría de 11 votos frente a cuatro. A esa oposición institucional se suma el rechazo manifestado por empresarios, comerciantes y vecinos del entorno portuario, preocupados por las consecuencias que pueda tener la concentración de más de un millar de personas en una de las principales zonas de actividad de Ceuta.

Hazte Oír destaca además que el propio informe de Puertos del Estado reconoce que la instalación del campamento puede incrementar los riesgos para infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y la propia operativa portuaria. Un argumento que, según la entidad, hace todavía más incomprensible la decisión adoptada por el Gobierno.

La asociación advierte de que la concentración de inmigrantes en el Muelle de Poniente podría afectar directamente al funcionamiento del puerto, al abastecimiento de la ciudad, al comercio marítimo y al tráfico regular de pasajeros con la Península. También alerta de que la proximidad de estas instalaciones a las líneas marítimas podría facilitar la actuación de organizaciones dedicadas al traslado irregular de personas.

En este sentido, Hazte Oír recuerda los datos conocidos sobre la actividad de las redes que operan en el Estrecho. Según expone la organización, la Policía ha documentado el traslado de al menos 148 inmigrantes desde Ceuta hasta las costas de Cádiz y Málaga en 29 embarcaciones entre el 30 de julio y el 19 de agosto.

La entidad considera que estos hechos cuestionan además el discurso mantenido durante las últimas semanas por diferentes miembros del Gobierno. Hazte Oír recuerda las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre el retorno de quienes hubieran entrado irregularmente, así como las manifestaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que no se producirían traslados a la Península salvo en circunstancias excepcionales.

«Óscar Puente no está resolviendo la crisis: está llevando el caos de la frontera y las playas al centro de Ceuta. El Gobierno vuelve a pasar por encima de los ceutíes y convierte una infraestructura estratégica en la prolongación de un campamento», denuncian desde Hazte Oír.

Para la organización, la intervención de los terrenos portuarios representa una nueva consecuencia de la gestión realizada por el Ejecutivo tras la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad. La asociación sostiene que el Gobierno fue incapaz de impedir la entrada irregular y que ahora pretende trasladar las consecuencias de aquella crisis a una infraestructura fundamental para el funcionamiento económico de Ceuta.

Hazte Oír reclama que se activen de forma inmediata todos los mecanismos legales y diplomáticos que permitan abordar la situación y defiende el retorno de quienes hayan accedido ilegalmente al territorio español.

La polémica decisión sobre el Puerto de Ceuta abre así un nuevo frente entre el Gobierno central y buena parte de la sociedad ceutí, después de que la intervención estatal haya dejado sin efecto la posición mayoritaria expresada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. La instalación del campamento en el Muelle de Poniente se convierte, de este modo, en uno de los principales puntos de confrontación de una crisis cuya gestión continúa generando un profundo rechazo en la ciudad.